“Los docentes fuimos traicionados por las federaciones”, expresó Frank Andrade, secretario nacional de Contratación y Conflicto del Colegio de Profesores de Venezuela, ante la firma de la VII Convención Colectiva de Trabajo, que asegura se dio el día miércoles en horas de la noche.
Maestros dependientes del Ministerio de Educación desde hace meses se han mantenido en las calles, principalmente exigiendo la discusión de las cláusulas económicas y sociales, y luego para rechazar las propuestas emanadas por el patrono.
“Aún cuando en las asambleas realizadas por el magisterio de todo el país se rechazó la oferta del Gobierno Nacional, firmaron el contrato pasando por encima del poder docente”, aseguro Andrade.
Los educadores catalogaron la firma como “el asesinato de la profesión docente”. Una gran preocupación se generó en cuanto a lo que significará tener algún incentivo para aquellos jóvenes que pretendían ejercer dicha profesión, asimismo temen que por los bajos sueldos y beneficios la calidad de la enseñanza en el país se vaya en declive.
Las acciones a emprender aún están por definirse, no obstante esperan que se haga a nivel nacional, en donde todos los estados participen con diferentes protestas, también se plantea dirigirse a Caracas para expresar el rechazo que existe.
Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores seccional Lara, tomó como opción un Amparo Constitucional, para de tal manera restablecer lo expresado en el artículo 91 de la Carta Magna, en donde se expresa que los trabajadores deberán gozar de un salario que cubra el precio de la canasta básica, la cual hoy en día está en 160 mil bolívares, mientras que el sueldo de un maestro no llega a cubrir ni la mitad de tal cifra.
La destitución de los representantes de las federaciones también será exigida por el magisterio, pues aseguran que estos no ejercieron sus roles de actuar a favor del bienestar docente.
Sin tomar en cuenta
El HCM, punto importante para los maestros, quedó por debajo de lo deseado, pues estos solicitaban 200 mil bolívares de cobertura, y solo se tendrá la mita; asimismo este beneficio pasará a ser un fondo administrado.
“¿Administrado por quién?”, se preguntaron los docentes, asegurando que gran parte de quienes manejan los recursos para las mejoras de los educadores no velan para que así sera, por lo que afirman que con el monto tan bajo y una mala contraloría, será un beneficio que no obtendrán.
