Representantes de la ONG Funpaz y del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunciaron este miércoles que la joven colombiana Erika Moncada Higuita (29), quien se encuentra recluida en el Centro Penitenciario Fénix, fue presuntamente violada y estaría embarazada.
La detenida no ha recibido atención médica porque supuestamente el director de la cárcel ha dicho que no hay unidades para trasladarla a un hospital y en el lugar sólo disponen de una enfermera que poco puede hacer, así lo expusieron Raiza Ramírez Pino (OVP) y Andrés Colmenárez (Funpaz).
Aparentemente, el delito de la reclusa fue ser la pareja del presunto paramilitar Carlos Andrés Arango Hincapié, quien estaría implicado en una emboscada en la cual fueron heridos a tiros tres funcionarios de la Fuerza Armada Nacional y un civil, en San Antonio del Táchira y Ureña, en la frontera con Colombia en agosto de 2015, explicó Ramírez, hecho que originaría el cierre de la frontera colombo-venezolana. La abogada, colaboradora de Foro Penal Táchira, agregó que aunque la causa se trata por San Cristóbal a través de un tribunal militar, la muchacha fue trasladada a Fénix sin ningún tipo de autorización por parte del juzgado.
Se destaca que la joven fue imputada en agosto de 2015 por ataque a centinela, sin embargo, ningún testigo la relaciona con el hecho ocurrido en San Antonio del Táchira y Ureña.
“Ha sido complicado verla. Estuvo recluida durante 45 días en una celda de castigo donde no pudo ver la luz del día y donde hacía sus necesidades fisiológicas. Erika perdió la noción del tiempo, padece una dermatitis severa y una infección vaginal. Igualmente, se le prohibió el acceso a sus familiares, quienes fueron deportados a Colombia”.
Por un familiar venezolano la abogada conoció que la interna estaría embarazada. Noticia que la impresionó porque está en una cárcel de mujeres. En consecuencia, Ramírez se dirigió a Fénix, donde aunque no la trataron mal, le aplicaron la operación Morrocoy.
“Estuve desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 del día, hora en la cual me permitieron ver a Moncada Higuita, tras conversar con el director, quien estuvo presente durante toda la conversación con mi defendida. Eso es una violación a los DDHH porque se me prohibió hablar con ella libremente”.
La joven, quien refleja pánico y señales de depresión, le aseguró a su abogada que fue violada.
Al parecer cuando fue detenida fue torturada salvajemente por funcionarios del Cicpc que se trasladaron de Caracas a San Antonio del Táchira.
“Erika tiene prótesis mamaria, una de las cuales se le desprendió debido a los golpes. No sé cuál es el diagnóstico porque nunca ha sido vista por un médico, pero ella dice que tiene mucho dolor y bultitos en el seno. Ella me contó que cuando la detuvieron le ponían bolsas en la cabeza hasta que perdía el conocimiento y se desmayaba, momento en el cual la violaban; cada vez que se despertaba de un desmayo estaba violada y con fluidos en sus partes íntimas”. El propio director de Fénix le afirmó a Ramírez que la interna sufre de crisis depresivas, no habla con el resto de la población reclusa y llora mucho.
“No se ha determinado si está o no embarazada. Ella manifiesta que luego de ser detenida no ha tenido su menstruación. Aunque no se le aprecia el abdomen dilatado vale decir que Erika es muy delgada”.
Destacó que no debería permanecer detenida en Lara porque la causa se le sigue por San Cristóbal.
“La directora del anexo femenino la mandó a Fénix sin la autorización de una juez. Ha sido imposible su traslado hasta a dicha ciudad. Esperamos toda la colaboración posible de todos los entes para su traslado cuanto antes”.
Criminalizan protesta pacífica
Andrés Colmenárez, vicepresidente de Funpaz, fijó posición sobre la detención arbitraria del estudiante (UCLA) Daniel Montalbán, quien fue trasladado a los tribunales. “Estamos a la espera para conocer qué causas alega la Fiscalía para imputar una protesta pacífica”. Apuntó que el joven procede de una familia de pocos recursos económicos y con clara tendencia oficialista. Montalbán fue detenido el lunes dentro de la UCLA, lo que representa una flagrante violación a la autonomía universitaria por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y funcionarios adscritos al departamento 121. “Luego de la detención lo trasladaron al Destacamento 121, antiguo 47, centro de violación de DDHH de Barquisimeto, donde estuvo esposado por 48 horas, sin permitirle hacer sus necesidades físicas y mantener contacto con sus abogados”. Colmenárez acotó que no se pueden usar las leyes para criminalizar la protesta pacífica.
