Horas de tensión y conflicto se vivieron este miércoles en la Villa Bolivariana, cuando funcionarios del Ejército y la Guardia Nacional tomaron las instalaciones para impedir la salida de camiones del Plan de Alimentación (Merlara), diseñado por el Gobierno regional desde hace algunas semanas.
Durante el día de ayer la gerencia regional tenía pautado realizar un operativo especial para la venta de alimentos con descuentos de hasta un 40% sobre productos considerados básicos para la dieta venezolana en la parroquia Juan de Villegas.
Sin embargo, un piquete del Ejército y la GN se instaló en la Villa Bolivariana desde muy temprano, y sin una orden judicial que avalara sus acciones, retuvieron los camiones de la Gobernación generando gran confusión entre las autoridades regionales.
Los ánimos comenzaron a caldearse toda vez que los funcionarios advirtieran que “ninguno de los alimentos saldría” hasta tanto la directora del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Mónica Espejo, acudiera al lugar para realizar una inspección, ante una presunta situación de acaparamiento.
En este sentido, el secretario general de Gobierno, Teodoro Campos; el candidato a la alcaldía de Palavecino, José Barreras; el presidente de la Fundación Social (Fusel), Jean Moreno; el procurador del estado Lara, Arvis Canelón; la presidenta de Funrevi, Danela Romero, entre otras autoridades regionales, se acercaron a las instalaciones para conocer detalles de la irregularidad.
Al transcurrir los minutos, miembros de las comunidades que serían beneficiadas se congregaron en las inmediaciones de la Villa Bolivariana para exigir una explicación de la paralización del operativo. Los funcionarios de seguridad tuvieron algunos excesos con los líderes comunales, quienes no pudieron ocultar su indignación ante lo que consideraron un atropello y saboteo a la gestión de Henri Falcón. “El Ejército es del pueblo y no del PSUV”, exclamaban una y otra vez con mayor intensidad.
En el lugar todo era confusión. Funcionarios del componente militar iban y venían de un lado a otro, sin ofrecer mayor explicación de la arbitrariedad. “Merlara es un programa de alimentación del pueblo que hemos diseñado para mejorar su calidad de vida. Hoy somos víctimas de esta situación irregular, por cuanto el general Freddy Hernández Parababí ordenó al Ejército la retención de los camiones. Nos reunimos con una fiscal para intentar llegar a un acuerdo entre las partes, y revisar los camiones para que constaten que todo lo que hemos hecho está orden”, indicó el secretario general de Gobierno, Teodoro Campos, quien al mismo tiempo repudió los abusos de los efectivos en contra de líderes comunitarios y periodistas. “Han tomado una conducta arbitraria”.
El pueblo tiene derecho a que le vendan sus alimentos, expresó desde la cerca perimetral, Wilmer Rojas, en representación de las comunidades afectadas con la paralización del operativo. “No aceptaremos más chantajes. Con el hambre del pueblo no se juega”, advirtió evidentemente molesto el dirigente comunal.
Por su parte, el presidente de Fusel, Jean Moreno, destacó que los camiones de Merlara se encontraban en la Villa Bolivariana como un centro de resguardo. “Esta es una sede de carácter regional. Los camiones son estacionados aquí para luego ser llevados a las comunidades”.
El candidato a la alcaldía de Palavecino, José Barrera, consideró que los hechos registrados evidencian “la desesperación del Gobierno por frenar la eficiente labor que desempeña la gerencia regional”.
Asimismo, el procurador Arvis Canelón señaló que no había ningún basamento legal que le permitiera al Ejército tomar la Villa Bolivariana y retener los vehículos del programa oficial. “Ejercieron acciones sin una orden judicial, violando todas las leyes. Acudí como procurador a los efectos de preservar el estado de derecho. Sin embargo, los efectivos actuaron de una forma soberbia y altanera, afectando la institucionalidad de Merlara, un programa social que diseñó la Gobernación dentro de sus funciones”.
A juicio de Canelón, quien resulta más afectado en este tipo de conflictos son los sectores de bajos recursos. “Es triste el espectáculo que se está desarrollando en nuestra ciudad. No hay ninguna autoridad oficial que dé la cara. Se me impidió el acceso, cuando soy el representante legal del estado, limitando nuestro derecho a la defensa”.
Se impuso el pueblo
El malestar y la indignación de las comunidades ante la retención de los vehículos, propició actos de violencia dentro de la Villa Bolivariana.
Aunque los efectivos impedían el acceso, los dirigentes presentes derribaron dos de las entradas hacia el recinto y a toda marcha se dirigieron a la puerta principal donde se encontraba un coronel del Ejército quien comandaba el procedimiento. “El pueblo está en la calle y no tenemos miedo”, decían a viva voz.
Mujeres y hombres denunciaron la actitud abusiva de algunos efectivos, quienes presuntamente no repararon en dar codazos y empujones a cuanta persona encontraban en el camino.
Los niveles de confrontación entre las partes mantenían zozobra e incertidumbre en el ambiente.
Entretanto, Teodoro Campos, el coronel Luis Alberto Medina, el mayor Ramón Paredes Paredes y la directora de Indepabis, Mónica Espejo, dialogaban para lograr un acuerdo satisfactorio que permitiera la liberación de los camiones.
Fue así como minutos después, Espejo inició una inspección y solicitó facturas de los productos que serían ofrecidos en el operativo. En total, cuatro camiones que contenían bolsas de harina pan, aceite, pasta, avena, azúcar, café, entre otros productos, fueron revisados por la directora del organismo, quien escuchó los planteamientos de los coordinadores de Merlara.
A pesar de los esfuerzos de Teodoro Campos, la multitud no se despegó ni por un momento de los camiones que contenían los alimentos. Los dirigentes cuestionaron la gestión de Indepabis y exigían revisiones a los operativos de Mercal o Pdval. “¿Por qué no revisan la comida podrida de Pudreval?”, exclamaban.
Cuando se pensó que el procedimiento había culminado, Espejo advirtió que no podía dar una hora exacta de la entrega de los vehículos, por cuanto habría que revisar otros documentos.
Ante esta situación, los dirigentes vecinales procedieron al cierre de la avenida Florencio Jiménez para presionar a las autoridades. Cinco minutos después, Espejo dio la venia para que los camiones fueran entregados nuevamente a la Gobernación.
A las 12:30 minutos del día cesó el conflicto. Más allá de los esfuerzos de las autoridades regionales, fueron las mismas comunidades quienes defendieron su programa de alimentación y lograron la entrega de los vehículos.
Fotos: Jairo Nieto/
Cortesía Prensa Gobernación
