Pese a la sentencia de la Sala Constitucional emitida este martes, la Comisión Especial que investigó este proceso exhortó a la directiva de la Asamblea Nacional a revocar el acto administrativo que designó a 13 magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia.
También solicitó que se exhorte al Poder Ciudadano a declarar en falta grave a los magistrados Gladys Gutiérrez y Maykel Moreno, por haber “extorsionado” a al menos dos de sus colegas para que aceptaran la jubilación anticipada de sus cargos.
“En clara violación y en abuso de poder, desconociendo las leyes y la voluntad popular expresada el seis de diciembre, decidieron designar a magistrados afines a su partido político, donde está incluido un ex diputado no reelecto el seis de diciembre y quien además votó por él mismo para su elección”, manifestó el presidente de la Comisión Especial, diputado Carlos Berrizbeitia.
Tal afirmación la hizo durante la presentación al hemiciclo de los resultados de una investigación que comenzó el 26 de enero y contó con la participación de los más notables juristas del país.
Al enumerar los “vicios evidenciados”, el legislador señaló que se determinó la ilegalidad en el funcionamiento del Comité de Postulaciones, pues la plenaria de la Asamblea Nacional no designó a un presidente que llenara la falta absoluta producida por la renuncia del diputado Elvis Amoroso, cuando éste decidió postularse él mismo como magistrado.
Además, se determinó la violación al debido procedimiento en varias fases del proceso, como por ejemplo cuando no se hizo público el período de impugnaciones, ni se respetó el lapso legal y tampoco se sustanciaron estas impugnaciones.
También se desconoce cuál fue el baremo utilizado por el Comité para la preselección de los postulados.
Por éstos y otros vicios “recomendamos proceder a revocar el acto dictado por la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015. Se sugiere, de conformidad con el artículo 25 de la Constitución, que establece que los funcionarios que dicten actos en menoscabo de los derechos garantizados por el ordenamiento jurídico, incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa”, precisó Berrizbeitia.
Extorsión
Entre los argumentos presentados, la Comisión Evaluadora transmitió un audio de la ex magistrada de la Sala de Casación Social, Carmen Elvira Porras, grabado durante su comparecencia ante esa la instancia legislativa el 16 de febrero pasado. En el documento audiovisual afirmó haber sido coaccionada por los actuales presidentes del TSJ y la Sala de Casación Penal, Gutiérrez y Moreno, respectivamente, para que aceptara la jubilación anticipada como una “orden del alto gobierno”.
“La presidenta (del TSJ) me dijo que eso era una orden, que no era cuestión de si quería o no; que ya los número no daban para las elecciones de diciembre y que eso era una decisión ya tomada. Nosotros la vamos a cumplir, me dijo Mykel (Moreno)”, relató Porras en su declaración.
Frente a esto, “¿cuál es la diferencia entre la actuación de un pran en una de nuestras cárceles y algunos magistrados en las oficinas y pasillos del Tribunal Supremo de Justicia”, se preguntó Berrizbeitia.
“Si en los pasillos donde se imparte la Justicia se extorsiona y se amedrenta a los magistrados, qué quedará entonces para los ciudadanos. Esta es una prueba más de la grave situación de inmoralidad de lo que representa ahorita el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela”, agregó.
