La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para interponer un recurso de nulidad del artículo 31 de la Ley de Impuesto de la Renta, que calcula para el pago de este tributo las remuneraciones accidentales del trabajador.
A un mes del cierre del lapso para declarar, los universitarios solicitaron una medida cautelar de suspensión de efectos, para evitar que se aplique el impuesto «confiscatorio».
«Estamos la mañana de hoy aquí representando a nuestras comunidades, aunque esta medida afecta a todos los trabajadores del país. Ese artículo pretende que para el cálculo del salario se abarque no solamente el ingreso permanente sino también los accidentales, como puede ser el bono de fin de año y vacaciones», explicó la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo.
De acuerdo con la profesora, un estudio realizado en noviembre del 2015 por esa casa de estudios llegó a la conclusión de que si se incluyen vacaciones y bonos para declarar el ISLR de los trabajadores y profesores universitarios, 90% de ellos tendría que darle al Estado dos meses de su salario regular.
«Todo el mundo conoce el deterioro del salario del trabajador y profesor universitario. Nosotros consideramos justicia que las políticas erradas económicas del gobierno no se trasladen al bolsillo del ciudadano», advirtió Divo.
El efecto de la situación denunciada fue explicado por el abogado Leonel Pérez, asesor legal de la Averu. «El pago del impuesto sobre la renta excede la capacidad contributiva de los trabajadores y se convierte en un pago confiscatorio de sus ingresos regulares», señaló.
Vale recordar, el texto impugnado esta contenido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley dictado en noviembre de 2014 por el presidente de la República Nicolás Maduro, en abierta contradicción de una sentencia de la Sala Constitucional que data de 2007 que modificó el texto de la ley vigente desde 2001.
La Sala Constitucional declaró que los bonos y otras remuneraciones no regulares ni permanentes, no son pechables, «pues su inclusión podría ocasionar que el trabajador contribuyente perdiera buena parte de esas percepciones al pagar el impuesto sobre la renta».
Sueldos más deprimidos
A juicio de la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, la acción presidencial refleja un desprecio por la realidad del trabajador venezolano.
«La situación de la universidad es complicada, y esto lo complica aún más, especialmente a sus empleados con un salario absolutamente deprimido. Si el gobierno contesta de manera negativa este recurso, estará demostrando que realmente no respeta a los trabajadores y no les importa», resaltó.
