El Ministerio Público logró privativa de libertad para cinco cajeros del Banco Bicentenario, por presuntamente exigir dinero a personas de la tercera edad a fin de tramitar el cobro de sus pensiones, situación detectada el 18 de febrero en Bejuma, municipio Miranda del estado Carabobo.
Vale destacar que en el momento de la aprehensión los trabajadores bancarios tenían un su poder 105 libretas de ahorro y 838 mil 666 bolívares en efectivo.
En la audiencia de presentación, la fiscal adscrita a la Sala de Flagrancia de esa jurisdicción, Selene González, imputó a Ali Perera Sánchez, Jaime Guillén Báez, Rafael Hernández González, Bexys Páez Ochoa y Ana Moncada González, por la comisión de los delitos corrupción impropia, acceso indebido a sistemas y agavillamiento.
Tales tipos penales se encuentran previstos y sancionados en el Código Penal y las leyes Contra la Corrupción y Delitos Informáticos.
Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la fiscal del caso, el Tribunal 4º de Control de Carabobo dictó la medida privativa para las cinco personas, quienes permanecerán recluidas en el internado judicial del citado estado ubicado en Tocuyito.
El mencionado día, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) recibieron una llamada por parte del Jefe de Investigaciones del Banco Bicentenario a nivel nacional, indicando que algunos cajeros de la sede de la institución ubicada en Bejuma mantenían en su puesto de trabajo un gran número de libretas bancarias y dinero en efectivo.
Tras una verificación del sistema de biometría de la entidad financiera, los funcionarios del Cicpc se percataron que los hoy detenidos colocaban sus huellas cada vez que hacían trámites relacionados con retiros realizados a personas de la tercera edad.
Posteriormente, se logró determinar que presuntamente Perera, Guillén, Hernández, Páez y Moncada pedían dinero a adultos mayores como remuneración por el cobro de sus pensiones, situación por la cual los cajeros fueron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Público.
