Cuando el Estado venezolano vuelva a estar sometido al Derecho y al
imperio de la Constitución tendremos un Estado de Derecho, el cual nos
impone la separación de poderes, Nacional, Estadal y Municipal y en lo
que respecta al Poder Público Nacional, la diferenciación entre el
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano.
A veces la única manera de valorar los siglos que ha tomado llegar a
la protección de los derechos ciudadanos del uso y abuso del poder, es
recordar los hitos de esa larga evolución. Han sido siglos de luchas y
progresos para tirarlos por la borda en aras de una Revolución
fracasada mundialmente.
Todas las sociedades, desde las primeras formas de organización, se
dieron normas y reglas obligatorias para quienes vivían en esa
comunidad. Quienes no las cumplían eran sancionados para hacer
justicia y mantener el orden e impedir las formas primitivas de
hacerse justicia mediante la venganza: La Ley del Talión, «ojo por
ojo, diente por diente».
La primera Carta de Derechos Fundamentales, “Carta Magna” se impone en
1066, cuando los nobles ingleses obligan al Rey a firmarla para poner
fin a sus arbitrariedades. Nadie puede ser juzgado sino por sus
iguales, ni podrá ser condenado, sino por voluntad de la ley y por
hechos ocurridos con anterioridad a su juzgamiento, así como la
prohibición de crear cargas tributarias sino por voluntad de la ley.
En 1620, Oliver Cromwell provocó el derrocamiento de la tiranía y
sometió al Rey a la soberanía del parlamento.
La Constitución de Venezuela es un ejemplo que reúne y consagra el
avance de este largo proceso, por una parte impone normativamente el
Estado de Derecho, la separación de poderes y garantiza los derechos y
libertades de cada ciudadano. Todo Juez de la república está obligado
a dar eficacia inmediata para proteger y garantizar el cumplimiento de
los derechos humanos y por ende de la Constitución, bajo el principio
de la universalidad de los derechos humanos.
De todos nosotros depende que la historia de la humanidad en su
persecución por la libertad, el respeto y protección de los derechos
humanos, de la República, del imperio de la ley, hechos realidad en
nuestro Texto Fundamental, que recoge todos los principios, fuente de
nuestra tradición sean destruidos y sustituidos por la verborrea de
una quimera socialista del Siglo XXI.
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