Las elecciones para escoger una nueva Asamblea Nacional (parlamento) en Venezuela deben entenderse como un primer paso. Efectivamente la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo una clara mayoría de votos, con lo cual le propinó una derrota histórica al chavismo con 16 años en el poder.
También es muy clara la nueva correlación de fuerzas en el poder legislativo, ya que la MUD cuenta con mayoría calificada de 2/3 partes. Todo el resultado político de las elecciones del 6 de diciembre de 2015 es positivo para Venezuela, pero es apenas el comienzo de una transición que se prevé complicada. Como lo hemos dicho en otro artículo, el chavismo no está muerto y mantiene el control sobre los resortes institucionales.
Las primeras semanas de sesiones de la Asamblea Nacional, durante el mes de enero, arrojan luces sobre lo que puede ser la dinámica política e institucional de Venezuela en este 2016.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió en su período vacacional desconocer la elección de 3 diputados de la MUD del estado indígena de Amazonas, con lo cual colocó en entredicho la mayoría calificada de la oposición. Un mes después este estado estratégico, fronterizo con Colombia y Brasil, se encontraba sin ninguna representación en el Parlamento, con lo cual se vulneran abiertamente los derechos políticos de los electores.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro anunció que no le dará el visto bueno a dos leyes que resultan emblemáticas para la oposición porque fueron esenciales en su oferta electoral: una ley para garantizarle la propiedad a los venezolanos que recibieron viviendas del Estado en los últimos años, y una ley de amnistía para beneficiar a los presos políticos opositores.
De acuerdo con el marco legal venezolano, una disputa por la aprobación de leyes entre los poderes legislativo y ejecutivo puede terminar llevando los casos ante la Sala Constitucional del TSJ, cuyas decisiones son inapelables. Sabemos además que el TSJ es precisamente el espacio de poder privilegiado para el chavismo derrotado en las urnas.
El chavismo, una vez que perdió el voto popular el 6 de diciembre, aprovechó el período vacacional navideño y otorgó jubilación anticipada a 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y en un tiempo récord (sin cumplir con el proceso que estipula la constitución) nombró a los sustitutos de éstos 13 magistrados por un período de 7 años. De esta forma el chavismo se está blindando para mantener el control sobre el poder institucional.
El telón de fondo de este “choque de poderes” es una crisis económica sin precedentes en los últimos 25 años y luego de que el país disfrutó de una década de bonanza petrolera. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional estiman que Venezuela tendrá nuevamente en 2016 la inflación más alta del mundo (700 por ciento) y otra caída abrupta de su producto interno bruto (8 por ciento). Estas cifras, junto al desastre económico de 2015, colocan a Venezuela en condiciones similares a las que viven países en medio de guerras civiles o conflictos armados.
Los sondeos de opinión indican que el venezolano común espera soluciones a la crisis económica. Sin embargo, esta posibilidad no se ve factible en el corto plazo, ya que las visiones económicas de gobierno y oposición lucen irreconciliables. El gobierno insiste en el modelo de economía centralizada en el Estado, mientras que la MUD apuesta por apoyar la producción de la empresa privada y el desmontaje del sistema del control cambiario y de precios.
Con todos estos elementos sobre la mesa, el 2016 pinta complejo para Venezuela. La victoria opositora en las elecciones del 6 de diciembre no constituyó un borrón y cuenta nueva. La transición apenas comienza.
