Neptalí Carrero tiene 60 años de edad y ocho tornillos en la columna, camina con un bastón y desde las 6:30 de la mañana hizo su fila en el Mercal de Patarata, este de Barquisimeto, el miércoles 30 de enero.
Sus vecinos le dijeron que ese día venderían carne en la red de abastos del Gobierno nacional; alguien anotó en su antebrazo el número 70 que señalaba su turno para entrar al establecimiento. El reloj marcó las 12:00 del mediodía y Carrero, ni ninguno de sus compañeros con condiciones físicas especiales había ingresado.
“Me siento marginado, yo no sé mucho de leyes pero no tengo que ser un experto para saber que me están violando mis derechos” dijo, reprochando la desconsideración del personal del establecimiento para personas que como él, ameritan una atención especial.
El señor Neptalí estaba en lo correcto: sus derechos están siendo vulnerados. Así lo especifica la Ley para Personas con Discapacidad, aunque el nombre de la ley tampoco les gusta mucho, pero por ahora “es lo que hay”.
“Estamos luchando para que modifiquen el nombre de la ley a personas con condiciones extraordinarias, nos sentimos más cómodos con ese calificativo”, explica Eduar Faviani, representante ante la Defensoría del Pueblo de las personas con discapacidad.
Faviani también estaba en la fila de ese Mercal y tampoco pudo adquirir los productos regulados porque cuando tocó su turno, no quedaba nada. No era la primera vez que eso le ocurría.
Ese miércoles, él fue uno de los que colocó su firma en una hoja blanca, donde quedó evidenciado que quienes cuentan con su certificado de discapacidad emitido por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), no tienen prioridad en la fila, sino que son tratados como un cliente más. La hoja blanca iría acompañada con un informe y solicitud de atención al caso, a la Defensora del Pueblo de la región.
Al otro extremo de la fila estaba Ana Mercedes Abarca, acompañada por su hijo cuyo certificado del Conapdis lo califica como persona con dificultad mental intelectual neurológico en grado moderado. Dijo que un tiempo atrás ella y su hijo eran tomados en cuenta y respetados, pero ahora, el agravo de la escasez ha originado que siempre queden rezagados: “la prioridad ahora es para los familiares de los trabajadores del abasto y los policías” sentenció.
En el Pdval ubicado en la avenida Los Leones, en la sede de la 14 Brigada de Infantería Mecanizada, “cuando hay productos buenos llegan todos los militares y familiares como zamuros y se llevan todo” expresó Aura Jiménez, cliente. Ese día había queso amarillo regulado, pero cuando tocó su turno luego de cuatro horas de espera en la fila preferencial, sólo pudo adquirir una lata de leche condensada, “sentí impotencia” exclamó.
Denuncias a granel
En el Consejo Estadal para la Atención de Personas con Discapacidad (Ceapdis Lara) reciben innumerables denuncias de la no atención a los derechos establecidos en ley en estos establecimientos del Gobierno, pero también y de igual magnitud, en empresas privadas.
Luis Montes de Oca, presidente de la institución dijo que Lara cuenta con un reglamento local que es la Reforma parcial de la Ley de Protección en Integración de la Persona con Discapacidad, que establece que empresas públicas y privadas deben buscar mecanismos para que haya mejor acceso y atención.
Montes de Oca indicó que Ceapdis presentará una propuesta al Consejo Legislativo a fin de que que la institución tenga capacidad sancionatoria, a aquellos que violen los derechos de quienes tengan discapacidad, se trataría de sanciones de trabajo comunitario o ayudas técnicas a las víctimas.
“Hay rumores de que ya no habrá atención preferencial, eso no lo permitiremos pero lo realmente cierto es que yo mismo comprobé que se perdió la consideración” dijo.
Montes de Oca hizo una suerte de experimento. El sábado 30 de enero fue a un local comercial del centro sin su uniforme, se presentó como otro ciudadano con condiciones extraordinarias.
Los alinearon en paralelo al resto de clientes, su intención era comprar pañales talla XG, pues los de adultos no se consiguen y él presenta una condición de vejiga genitourinaria grave, requiere pañales las 24 horas del día.
“Cuando pasé me dijeron que presentara la partida de nacimiento del bebé, le explico a la cajera que es para mí y le presento el certificado, en el dorso está establecido mi condición y el grado, el gerente estuvo de acuerdo en venderme el paquete de pañal, pero el habló con la supervisora de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde), ella miró la cola y dijo: no se le puede vender, hay muchas madres con niños afuera”.
Luis Montes de Oca pudo comprobar en carne propia que ni siquiera los funcionarios del Estado respetan lo establecido por otra instituciones del Estado, “a ella no le importó que yo mostrara mi carné del Conapdis donde especifica mi condición” resaltó.
¿Qué es lo que piden?
Desde el estado Lara se busca reformar la arbitrariedad para las personas con discapacidad. El presidente del Ceapdis informó que este año continuarán dictando talleres de sensibilización y concientización para el trato a las personas con necesidades especiales.
Lo han realizado desde el año pasado en empresas públicas y privadas donde han recibido mayores denuncias, en algunos casos las solicitudes para la charla son bien aceptadas, en otros establecimientos les han dicho que están muy ocupados: “pase otro día”.
“Queremos que si llega un invidente y quiere pasar al establecimiento sin hacer la cola, el personal sepa guiarlo y hacerle comprender que será atendido pero requiere cumplir con ciertas normas. Esta guía debe ser sin maltrato que es lo que más abunda” dijo.
Las charlas también serán llevadas a las instituciones encargadas del control y seguridad como es el caso de organismos militares.
