Una vez conocida su derrota en las elecciones del 6 de diciembre y la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de que sino se produce un cambio importante en las políticas gubernamentales ajustado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que comprendieran la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados, el control de la inflación y el alto costo de la vida, la inseguridad de las personas y la garantía de la propiedad privada tal como lo establece la Carta Magna, la mayoría calificada buscaría una salida democrática, pacífica y electoral de la presente crisis, Nicolás Maduro ha asumido una posición desafiante, de confrontación contando con los poderes públicos que nombró a dedo.
Tal actitud quedó corroborada en el acto de celebración del Año Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en el que magistrados y representantes del llamado poder moral, manifestaron sin rubor alguno, su apoyo incondicional al jefe del Poder Ejecutivo.
Lo indica que al recibir una mayor concentración de poder en su persona, se siente autorizado no sólo para violar disposiciones expresas de la Constitución Nacional vigente, sino también, y como consecuencia de esta trasgresión para realizar un permanente desafío y una provocación a la Asamblea Nacional, con la finalidad de boicotear sus decisiones.
Maduro desafiante se juega su aspiración de un futuro continuista, porque la sociedad civil salió a votar masivamente en su contra. Si todo transcurriese, como es de esperarse, pacíficamente, Nicolás Maduro sabe, por las encuestas que ha mandado a realizar, que puede ser derrotado en un referendo y más aún revocado por una Constituyente, que si se implementa podría generar una impredecible desestabilización de su régimen, que lo obligue a rectificar o a renunciar antes de someterse a la revocatoria de su mandato.
El otro objetivo de la colusión de los poderes Ejecutivo, Judicial y Moral contra la Asamblea Nacional puede ser provocar una reacción violenta de algunos sectores de la sociedad, que desesperados llamen al desconocimiento del gobierno, lo cual le permitiría al heredero del extinto Comandante profundizar la represión. Y de allí en adelante burlar el Ordenamiento Jurídico vigente, violando la Carta Magna de la República de Venezuela, contra toda la oposición y los disidentes del chavismo sin Chávez.
Por la experiencia nacional e incluso mundial, cualquier protesta debe mantenerse en el marco de la legalidad, porque las políticas que puede aprobar Maduro, afectarán a la mayoría de la población, incluyendo sectores democráticos disidentes del maduro-cabellismo, que está en capacidad de modificar la correlación de fuerzas y provocar un cambio significativo que neutralice o derrote su tendencia autoritaria y militarista.
El gobierno atraviesa su peor momento, cuando el mundo democrático condena la violación de los Derechos Humanos, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, investiga decenas y sanciona a 7 altos funcionarios acusados de atropellar y torturar a centenares de estudiantes y ciudadanos que les acompañaron en sus protestas pacíficas, solicitando, como la establece la Constitución la renuncia de Maduro. Cuando el universo democrático también condena la utilización de grupos parapoliciales y paramilitares armados para reprimir y disparar contra manifestantes pacíficos. Y para agravarle la crisis al gobierno se destapó la olla podrida del robo a Cadivi y el lavado de dineros públicos por parte de altos ejecutivos de Pdvsa en bancos europeos y latinoamericanos, cuyas consecuencias son difíciles de prever, porque son decenas o centenares de altos funcionarios corruptos los descubiertos, más los protegidos por la DEA, quienes acusan de tráfico de drogas al llamado Cartel de los Soles. Todo parece indicar que el gobierno de Maduro no sólo está frente a una peligrosa bomba de tiempo, sino que su actitud desafiante es, como ha señalado el Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, señal de los estertores de una etapa terminal.
