El nuevo Sistema Centralizador y Estandarizado de Compras Públicas, como instrumento legal, violenta funciones del Poder Legislativo, según la apreciación que tiene la Dra. Adriana Vigilanza, profesora universitaria, consultada por reporteros de este diario.
Se trata de un nuevo mecanismo legal, que posiblemente viene a sustituir a otros decretos y leyes que ha hecho el Presidente Nicolás Maduro cuando le han concedido la facultad habilitante.
De acuerdo con la Gaceta Oficial Nro.40.836, este sistema tiene como objetivo lograr la optimización del gasto público en la adquisición de bienes y servicios, el incremento de la incidencia positiva de las compras públicas en la reactivación económica y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas comunales públicas, mixtas o privadas.
Todas las operaciones serán dirigidas por un comité de compras centralzado de la administración pública, presidida por el vicepresidente de Economía Productiva, Planificación y el director del Serfvicio Nacional de Contrataciones. Se establece un lapso de 30 días para que se implemente este mecanismo.
Pero ya existía una Ley de Contrataciones Públicas del 24 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial número 39.165. Esta ley sustituyó a la ley de licitaciones.
Y al parecer al Presidente Maduro se le olvidó que, mientras gozaba de la facultad de la habilitante que le había dado la Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello, ya había creado el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), el 2 de diciembre de 2014
Esa ley, dijo entonces el jefe del Gobierno Nacional, permitía unos procedimientos muchos mejores a los que existían para entonces y definía parámetros de acción que debían tener los funcionarios para ejercer y ejecutar sus actividades en la materia.
Conviene señalar que el 19 de noviembre de 2013 el Ejecutivo Nacional también había adoptado, mediante el decreto 1399, regujlaba la actividad del Estado para la adquisición de bienes y prestación de servicios y ejecución de obras con la finalidad, según se decía, de preservar el patrimonio público, fortalecer la soberan ía , desarrollar la capacidad productiva y asegurar la transferencia de las actuaciones de los contratistas sujetos al mencionado decreto.
De modo, pues, que el gobierno ha venido decretando leyes y normas para la contratación de las compras; pero, aunque haya hecho modificaciones y establecido nuevos mecanismos, no le han funcionado bien las cosas y hoy vemos que el modelo económico ha hecho aguas.
Es por ello que dentro de la desesperación en que se encuentra el régimen busca todo tipo de mecanismo para dar la sensación de que está combatiendo la crisis económica, precisamente en los momentos en que menos recursos económicos tiene y cuando la población se encuentra en una situación muy difícil porque no le ve solución a sus problemas de abastecimiento, ya que la escasez se agrava.
