La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, será juzgada por delito fiscal dentro de un proceso por corrupción en el que están implicados su esposo y otras 16 personas, sentenció un panel de jueces el viernes.
El panel rechazó el argumento de la fiscalía y un abogado de la Hacienda, de que el caso no debería ser juzgado ya que las autoridades estaban de acuerdo en que no cometió ningún delito y que debería enfrentar sanciones administrativas por evasión fiscal.
Pero los tres jueces del caso rechazaron este argumento, de acuerdo con un comunicado del tribunal. Ratificaron el fallo previo de un juez investigador que indagó en el caso durante cuatro años y determinó que debía ser juzgada bajo las pruebas presentadas por el grupo anticorrupción Manos Limpias.
Eso significa que Cristina, de 50 años, deberá responder por dos delitos de evasión fiscal, que conllevan una pena máxima de ocho años de cárcel, por supuestamente no declarar los impuestos sobre gastos personales pagados por una firma de bienes raíces que es propiedad de ella y su marido Iñaki Urdangarín, medallista olímpico de balonmano reconvertido en empresario.
Conocida la decisión, el Palacio Real dijo en un comunicado que respeta las decisiones de la justicia, pero se negó a hacer otras declaraciones. Cristina trabaja para un banco español en Suiza, donde vive con su familia, y ha estado excluida de eventos reales desde hace años debido al caso.
Su abogado, Miquel Roca, dijo a la prensa que estaba decepcionado por el fallo, pero que Cristina recibió la noticia «con la máxima serenidad y con todo el respeto que cualquier resolución judicial siempre merece».
Comparecerá ante el tribunal el 9 de febrero cuando comiencen los testimonios de los acusados, y se prevé que será la última en responder preguntas en actuaciones que deben finalizar el 26 del mismo mes.
Durante el proceso, los jueces deberán determinar si la pareja cometió abuso penal con la firma consultora de bienes raíces Aizoon, descrita en documentos judiciales como una «fachada» para financiar vacaciones de lujo, fiestas en su mansión en Barcelona y clases de salsa.
Es la primera vez que un miembro de la familia real española enfrenta cargos penales desde la restauración de la monarquía en 1975.
