En democracia, gobernar con el parlamento dominado por la oposición no debería constituir un hecho apocalíptico. Obama perdió la mayoría del congreso en su segunda presidencia y no fue el fin del mundo. En América Latina, los diferendos entre el ejecutivo y los congresos opositores no pocas veces han terminado en rupturas del hilo constitucional. Tal es el caso del Perú de Alberto Fujimori y la disolución del Congreso de mayoría opositora en 1992, aduciendo que éste obstaculizaba las reformas ante la emergencia económica y la lucha contra Sendero Luminoso. Casualmente, en ese momento el Congreso comenzaba a investigar las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la lucha antiterrorista.
La sombra del “fujimorazo” se cierne sobre Venezuela. El pasado cinco de enero se instaló la Asamblea Nacional, en el marco de un clima de tensión que en nada se asemeja a lo que constituye el funcionamiento de un sistema democrático, en el que la alternabilidad es la norma. El origen de este conflicto está en la circunstancia de que el chavismo gobernó sin controles, durante 17 años y ahora está sometido al escrutinio de un parlamento de mayoría opositora.
Retomando la discusión en torno a la Asamblea Nacional, es importante destacar la naturaleza presidencialista de nuestro sistema político y el sinnúmero de atribuciones constitucionales que tiene el Ejecutivo, sobre todo en el marco del diseño de las políticas públicas y del plan de desarrollo nacional. En tanto que el parlamento constituye el espacio por excelencia de deliberación política, en el que se sancionan las leyes que deben coadyuvar el desarrollo político, económico y social del país, así como también ejerce el necesario control al Ejecutivo y a la Administración Pública. En función de esto, es limitada la incidencia directa de la Asamblea en la resolución de la crisis económica, porque es al Presidente y a sus ministros a quienes corresponde la dura tarea de implementar un plan económico que devuelva la racionalidad a la economía nacional.
No obstante, la agenda política y económica corre en paralelo, y no son excluyentes. Más que discusiones jurídicas, en las que se sabe de antemano que el máximo tribunal del país no es imparcial, el problema es político. Entender esto es vital para sacar al país del abismo en donde está.
Lo que ocurrió en días pasados despierta honda preocupación: El gobierno ha tratado de obstaculizar el trabajo de la Asamblea Nacional, incluso desde antes de su instalación, secundado por las controversiales sentencias del TSJ que despojaron a la MUD de tres diputados del estado Amazonas, y declararon nulos los actos de la AN hasta tanto los tres diputados de Amazonas no fueran apartados de su seno. Conscientes de que esto representa solo un episodio de una lucha de largo aliento los diputados se desincorporaron.
Más allá de la diatriba judicial, tirios y troyanos convienen en algo: la mayoría del país votó por un cambio del modelo económico y político. La Venezuela surgida el 6-D es un país multicolor, diverso. Y la Asamblea Nacional es expresión de ese pluralismo y del debate de ideas que necesita el país para comenzar a recomponer la democracia. El capital político logrado por la MUD tampoco puede ser visto como un cheque en blanco otorgado por el pueblo. El momento exige a los diputados tolerancia, respeto, responsabilidad y apego a los principios democráticos. Deben hacer valer institucionalmente la mayoría obtenida. Avanzar cuando se pueda y retroceder si es necesario forma parte del juego democrático.
Las acciones del Gran Polo Patriótico están encaminadas a ignorar la voluntad popular expresada el 6 de diciembre. No sólo debe reconocer a la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, sino su propio peso institucional. Hasta el momento y con la decisión de la Sala Electoral de declarar en desacato a la AN se ha propiciado un grave conflicto de poderes que, sin duda, se profundizara con otras acciones de este tipo en los próximos meses. El gobierno piensa que como en otras ocasiones saldrá fortalecido del escenario confrontacional, pero es un cálculo errado, y es poco probable que trancando el juego recupere el favor popular.
Asistimos a un delicado conflicto político, con la institucionalidad del país desmantelada y una terrible crisis económica. La gobernabilidad está seriamente comprometida, pero de cualquier manera siempre habrá un espacio para tender puentes hacia el adversario.
