El próximo presidente del congreso descartó que la oposición vaya a ir a una guerra política con el gobierno, y planteó que el mandatario venezolano Nicolás Maduro debería pensar en la renuncia para lograr una salida a la crisis que enfrenta el país suramericano.
«Nosotros no vamos a declarar ninguna guerra. Si alguien en su soliloquio, en su tragedia, declara una guerra, la irá a pelear solo. Nosotros simplemente vamos a cumplir sin cortedades y sin excesos con los deberes que nos señala la Constitución», afirmó el diputado socialdemócrata Henry Ramos Allup, próximo presidente del Congreso.
Ramos Allup, un experimentado político de estilo combativo, fue elegido la víspera por la mayoría de los 112 diputados electos de la oposición para dirigir el poder legislativo por espacio de un año.
El dirigente opositor dijo este lunes que el presidente Maduro debería pensar en la posibilidad de la renuncia a su cargo como una salida a la crisis que afronta el país.
«Creo que el presidente Maduro debería estar pensando en esa posibilidad (la renuncia). Si eso un mecanismo de solución de la crisis política, ¿por qué descartarlo?», indicó el nuevo jefe del congreso en una entrevista en el canal de noticias Globovisión.
Agregó que «a cualquier presidente, a cualquier alto funcionario le vale más salir por la puerta grande de la historia que por los entresijos de la ignominia».
Aunque los analistas estiman que serán inevitables las confrontaciones entre la Asamblea Nacional y el gobierno, el congresista, de 72 años, insistió en que la oposición no asumirá el control de la Asamblea Nacional con una postura de «carro chocón», pero sostuvo que «si ejercer como poder autónomo significa chocar, bueno ¿cómo se hace?».
«Para evitar el choque no podemos ir a nuestra casa, después que la gente confió en nosotros, con un par de agujas a tejer calcetas y escarpines. Tenemos que ejercer porque la gente nos eligió para ejercer», indicó la noche del domingo el dirigente en conferencia de prensa.
En medio de las tensiones generadas por las impugnaciones de las elecciones de diez diputados opositores, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender la juramentación de tres diputados opositores y un oficialista del estado sureño de Amazonas, y las amenazas de posibles protestas callejeras por parte de grupos pro oficialistas, la mayoría opositora asumirá el 5 de enero el control de la Asamblea Nacional.
Ramos Allup, quien también se desempeña como secretario ejecutivo de partido tradicional Acción Democrática, se mostró confiado de que el nuevo congreso se instalará con normalidad y que la fuerza armada, que tiene la custodia de las instalaciones y los alrededores del congreso, cumplirá con el «deber constitucional» de asegurar la seguridad en las calles.
En un abierto reto a la decisión del máximo tribunal, que es controlado por el oficialismo, que suspendió la juramentación de tres diputados opositores, el presidente del congreso expresó que «nos vamos a juramentar los 112 diputados que eligió el pueblo… ninguna decisión burocrática y mucho menos por un organismo absolutamente carente de legitimidad de origen puede trastornar o puede frustrar ni estafar la voluntad popular».
Al hablar de la agenda legislativa, Ramos Allup dijo que le dará prioridad a un proyecto de ley de amnistía, que promovió la oposición durante la campaña, para lograr la liberación de los llamados «presos políticos».
Ante el anuncio que realizó el presidente Nicolás Maduro de que no aprobará ninguna ley de amnistía, el dirigente señaló que «él no es quien para aceptar o no aceptar una ley porque nosotros tenemos facultades constitucionales para promulgarla en caso de que su insensatez niegue tal promulgación».
El presidente del Congreso objetó que se le identifique como un integrante del ala más radical de la oposición, y sostuvo que «en la oposición no hay un ala más radical ni menos radical. En la oposición hay una sola ala que es el ala que propuso este cambio, que ofreció proyectos de ley, cambios de actitudes, y en ese conjunto militamos todos los opositores».
La coalición opositora logró en las elecciones del 6 de diciembre 112 de los 167 escaños lo que le garantizaría una mayoría calificada que le permitirá convocar a una Asamblea Constituyente y aprobar una reforma constitucional, designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo, y nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, la fiscalía general, el contralor general y el defensor del pueblo.
De concretarse las impugnaciones de algunas de las elecciones así como la suspensión de las juramentaciones de algunos diputados podría cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso.
El oficialismo, que por tres lustros había dominado el Congreso con amplia mayoría, alcanzó en los pasados comicios 55 diputados.
