La Asociación Civil Comité de Usuarios de Transporte, introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, un amparo contra la Federación Nacional del Transporte, para la tutela de los intereses colectivos de los usuarios del transporte público en el ámbito nacional, frente a aumentos «inconstitucionales e ilegales» del pasaje suburbano e interurbano desde el 1º de diciembre de 2015, sin cumplirse los parámetros regulatorios correspondientes.
En el escrito introducido en el máximo tribunal del país, explican que existen los mecanismos legales para incrementar las tarifas, sin embargo, aseguran que de manera unilateral la federación antes mencionada ha iniciado el cobro de un porcentaje que no fue aprobado por las partes involucradas.
«En materia tarifaria las competencias existen a nivel nacional a cargo de los ministerios con competencia en el área de transporte, comercio e interior y justicia, según lo previsto en la Ley, sin perjuicio de las competencias municipales», precisa el recurso.
Explican que en el ámbito nacional, en el año 2015, el Ejecutivo Nacional autorizó un incremento de 40% de la tarifa, previa consulta con los sectores involucrados y en el mes de agosto algunas alcaldías, vía ordenanza municipal autorizaron un nuevo ajuste, igualmente considerado tanto por los transportistas como por los usuarios.
«Mediante una vía de hecho inconstitucional la Federación Nacional de Transporte y diversas Centrales, Cooperativas y Sindicatos de Transportistas, han aumentado desde el 1º de diciembre de 2015, ese pasaje suburbano a 20 bolívares (…) la referida medida viola los intereses colectivos de los usuarios del transporte y representa una violación de sus derechos constitucionales que como usuarios tienen previsto en el artículo 117 de la Constitución», precisa el expediente
Finalmente el Comité de Usuarios del Transporte, pide al TSJ que se dejen sin efectos los aumentos arbitrarios de tarifas de transporte y se dicte una medida cautelar urgente que obligue a los transportistas a cobrar la tarifa legalmente establecida publicada tanto en las gacetas municipales como en la oficial.
