Los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática electos para la Asamblea Nacional junto al abogado Manuel Virgüez, solicitaron ante el Ministerio Público en el estado Lara que se abra una investigación para conocer quiénes son las personas que están haciendo peculado de uso con los programas del Estado; la red mercal, Pdval y Pdvsa Gas y determinar por qué la distribución de alimentos no se está haciendo de manera oportuna, sino directamente al partido de Gobierno.
Bolivia Suárez parlamentaria electa, considera que el Ejecutivo nacional está utilizando las instituciones del Estado como mecanismo de retaliación política contra la población por no haberlos apoyados en las elecciones pasadas.
“Esto no se está viviendo sólo aquí (Lara) sino también en otros estados por lo que los diputados estamos recogiendo las firmas que sean necesarias para presentarlas ante la Asamblea y llevarlas a todas las instancias que sean necesarias”.
Afirma que se trata de una discriminación contra un pueblo que decidió expresarse y buscar un mejor país. “Los programas de alimentación son para todos los ciudadanos y ellos están siendo excluidos. El Gobierno tiene el control en sus redes de abastecimiento y debido a las malas políticas del ejecutivo no hay comida en los mercados y abastos”.
Virgüez recordó que el artículo 21 de la Constitución nacional prohíbe cualquier tipo de discriminación fundada en raza, credo o cualquier otro particular y el 117 permite la libertad a los ciudadanos venezolanos de poder comprar donde desee, ya sean establecimientos privados y públicos.
Se trata de la tercera denuncia en el área de alimentación en lo que va de mes que hacen ante el Ministerio Público en las que han incluido las pruebas. Esperan que los organismos del Estado asuman acciones de protección para los ciudadanos.
Atribuciones de la AN
Sobre la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de los parlamentarios salientes del oficialismo, Virgüez destacó que el periodo de postulaciones ya se venció, la comisión delegada dejó de sesionar y la actual directiva de la Asamblea no puede escoger a los magistrados de la sala constitucional. Es por ello que se ha exhortado a los cancilleres de Unasur y algunos representantes de la OEA para que sean vigilantes de la decisión del pueblo venezolano que se expresó a través del voto.
