El grupo de ex magistrados y juristas venezolanos que el pasado viernes solicitó la impugnación del proceso de postulación para cubrir las vacantes a magistrados del TSJ, ante el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, exige que el proceso de convocatoria repita, que 30 días después de publicado ese llamado se escuche la opinión de la sociedad civil y se deje constancia de ello.
Sostienen que estas peticiones deben ocurrir antes de la preselección de los candidatos como lo establece el artículo 19 del Reglamento Interno del Comité de Postulaciones, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la Constitución Nacional.
“Lo que estamos pidiendo es que se respete el procedimiento legal, que se actúe a derecho, que la sociedad civil pueda conocer y opinar sobre el proceso para que exista la transparencia y que quienes aspiren a los cargos puedan gozar de independencia y autonomía para obedecer a la justicia y no a una parcialidad política”, expresó el presidente del Colegio de Abogados del estado Lara, Enrique Romero.
El jurista considera que si el comité no admite la nulidad le estaría dando una bofetada al ordenamiento jurídico, pero las consecuencias, negativas, serían para la población. “No se están cumpliendo los mecanismos que establece la norma legal, no hay manera de que los nuevos magistrados sean seleccionados o preseleccionados de manera constitucional en lo que queda de año y antes de juramentada la nueva Asamblea Nacional porque los lapsos no dan, pues los postulados deben gozar de la aceptación de la sociedad civil que debe conocer y dar su opinión 30 días después de haberse dado a conocer públicamente la conovocatoria. Expresa que así lo establece el artículo 19 del reglamento pero no se está cumpliendo, por lo cual es un procedimiento ilegal, nulo”, explicó.
Acabar la impunidad
Romero sostiene que el actual Tribunal Supremo de Justicia debe ser completamente removido para acabar con la impunidad: ”El 90% de la población no cree en el sistema y además la impunidad alcanza el 94% de los casos.
Es necesario un nuevo TSJ que genere confianza, que acabe con el retardo procesal y en especial que imparta justicia”
Agregó que si la actual Asamblea Nacional aprueba el proceso y escoge a los nuevos magistrados, la entrante podría derogarlos, pero el trámite se llevaría su tiempo.
“Estaremos vigilantes ante esa posible ilegalidad para señalarla y denunciarla y exigiremos que se respete el Estado de Derecho”.
Agregó que la población debe mostrar mayor interés en este tema porque se trata de las personas que administrarán la justicia por los próximos 12 años.
“Hago un llamado a la reflexión de la población para que se informen del tema y opinen porque es de vital importancia para todos los venezolanos”.