La economía venezolana ha experimentado en 2015 su etapa más aciaga de los últimos diecisiete años.
Las principales variables macroeconómicas han sufrido un comportamiento negativo que han conducido a nuestro hermoso país a vivir una grave situación económica caracterizada por la inflación más elevada del mundo, una caída de la producción muy superior a cualquier país de América Latina y unos niveles de escasez y desabastecimiento sin parangón en nuestra historia republicana.
Si a eso le agregamos la aplicación de un modelo socialista que ha fracasado en todos los países donde se ha intentado aplicar y rechazado en en nuestro, no debería sorprender el resultado de las elecciones del seis de diciembre. De hecho muchas empresas encuestadoras habían pronosticado este resultado desde hace varias semanas.
Ahora bien, desde el punto de vista económico, ¿cuál podría ser el mensaje que enviaron la inmensa cantidad de electores que claman por un cambio? Recordemos que entre los principales flagelos que en este sentido azotan a los venezolanos tenemos el tema de la escasez de alimentos y medicinas, la altísima inflación, la disminución del poder adquisitivo como consecuencia de la anterior, los bajísimos niveles de producción nacional, la precariedad de los salarios, la especulación, el bachaqueo, los casi inexistentes niveles de ahorro, las cuatro tasas de cambio existentes, el no otorgamiento de divisas y otras más, que constituyen el núcleo de esa intención de cambio por el cual los venezolanos acudimos masivamente a ejercer nuestro derecho constitucional. Por lo tanto a la nueva Asamblea Nacional le han transferido una altísima y nada fácil tarea de, digámoslo así, enrumbar nuestra precaria economía.
Antes de señalar cuáles pudieran ser tales encomiendas, permítanme hacer unas consideraciones previas: Los graves desequilibrios macroeconómicos que desde hace varios años afectan al país no se van a resolver ni a corto plazo ni por obra y gracia de la Asamblea Nacional solamente. El importantísimo papel de ella es legislar y controlar a los demás poderes, pero el órgano que ejerce las políticas públicas y toma las decisiones de política económica es el Ejecutivo Nacional. No obstante, cuando se trata de aprobar leyes de cualquier índole, incluso las económicas, pasa por el filtro de la Asamblea. Y es a estas a las cuales me voy a referir.
El artículo 112 constitucional proclama y protege la libre empresa, la iniciativa privada y la propiedad individual de toda clase de bienes y el artículo 115 garantiza el derecho a la propiedad. El enunciado de estos dos artículos establecidos en nuestra Carta Magna colide con la instauración del modelo económico socialista que por cierto no aparece reflejado en ninguno de los 350 artículos de la Constitución. Este debería ser, en materia económica, el primer gran debate que debería plantearse la nueva Asamblea Nacional. Otro de los temas que debería discutirse, sin orden de importancia, sería una nueva reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela con un doble propósito: primero, exigirle al instituto emisor la publicación de las estadísticas económicas que este año no ha publicado. El país no soporta más oscurantismo banco centralista
Segundo, devolverle la autonomía al Banco Central que la mismísima Constitución le consagró en sus artículos 318 y 320, para que de esa manera suspenda el financiamiento monetario del déficit fiscal a través de la constante, continua y perversa emisión de dinero inorgánico que tanto daño le ha generado a nuestra economía.
Asimismo, la nueva Asamblea debería debatir la actual crisis de gobernabilidad, desde el punto de vista económico, que se ha generado luego de la caída sustantiva del precio del petróleo, que prácticamente ha dejado al Ejecutivo Nacional sin reales posibilidades de financiamiento ni obtención de nuevos préstamos para mantener el mismo nivel del presupuesto de gastos para 2016. En este sentido debería exigirle al Gobierno un plan anti-crisis y de estabilidad macroeconómica que hasta este momento no ha presentado.
La nueva Asamblea Nacional debería exhortar al Ejecutivo un replanteamiento integral de todas las decisiones de la política económica que ha aplicado o de lo contrario continuaran las distorsiones macroeconómicas, la escasez, el desabastecimiento, la elevada inflación, el déficit fiscal y los altos niveles de endeudamiento, entre otras nefastas consecuencias.
La nueva Asamblea Nacional debería modificar la ley que rige a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a fin de que ésta suspenda el financiamiento de tantas áreas distintas a su función medular, como lo es la exploración ,explotación, refinación y distribución de hidrocarburos y sus derivados. Igualmente, debería revisar el convenio con los países del Caribe, a objeto de recuperar tanto el dinero que no se les ha cobrado como el otorgamiento generoso de petróleo que tanta falta nos está haciendo.
Finalmente, pero no menos importante, hay un grupo de leyes que más temprano que tarde deberían ser revisadas y reformadas, tales como la ley de Trabajo, la ley pe Precios, la ley del Banco Central de Venezuela, la ley de la Pequeña y Mediana Industria, La Ley del Inces, La ley de Compras Gubernamentales, y otras más que afectan el desenvolvimiento económico del país.
En suma, la Nueva Asamblea debería constituirse en la gran tribuna donde se discutan los graves problemas económicos que afectan a nuestro país.
