El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) solicitó este martes al gobierno nacional que no desestime las denuncias sobre el ataque a una comunidad Yanomami del Alto Orinoco por parte de “garimpeiros”, hasta que no se finalice la investigación.
A través de un comunicado, la organización de derechos humanos expresó su respaldo a la solicitud que hicieran 11 organizaciones indígenas del estado Amazonas, quienes aseguran que las comisiones supuestamente enviadas por el Estado para verificar la situación de las presuntas víctimas, en realidad no ingresaron al area donde estos se encuentran.
En este sentido, la ong recordó que la versión oficial expuesta por la ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, y el ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami, sostiene que “la comisión investigadora ha visitado nueve comunidades y en ninguna se han visto “signos de violencia”. Con base en esta posición, calificaron falsa la noticia del ataque a los yanomamis.
La respuesta de los defensores de los derechos de los indígenas, quienes son de la zona y denunciaron inicialmente la agresión, fue que las citadas comisiones no llegaron a la comunidad Irothateri (señalada como blanco del ataque), la cual se encuentra a 4 días de camino a pie desde los pueblos yanomamis más cercanos, a los cuales sí habrían llegado las autoridades.
Para respaldar esta versión surgieron las declaraciones del comandante de la 52° Brigada de Infantería de Selva y Guarnición de Puerto Ayacucho, general de brigada Jesús Zambrano, quien desmintió las afirmaciones de los dos ministros.
El militar confirmó que “ninguna autoridad ha podido llegar aún al lugar de los supuestos hechos”, y que efectivos a su cargo estarían tratando de llegar a la apartada comunidad Irothateri.
Réplica de “la cuarta”
Tras lamentar la actitud del gobierno liderado por Hugo Chávez, Provea comparó esta posición con la asumida por el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1993, cuando ocurrió una situación similar a la actual, pero de menor magnitud.
“Recuerda el comportamiento oficial, en el año 1993, ante la denuncia de ataques de garimpeiros contra la comunidad Yanomami de Haximú. Las autoridades de la época desestimaron la agresión, hasta que del lado brasilero surgieron las evidencias que ratificaron el asesinato de 16 yanomamis”, expresó la ong.
Frente a los hechos, Provea exhortó a las instituciones del Estado a que se continúe con la investigación,“de manera transparente, sobre los hechos hasta llegar a la comunidad Irotatheri, sitio de los hechos”.
Asimismo, los activistas de ddhhh solicitaron que “se cumplan los compromisos del Estado venezolano de coordinar políticas binacionales con el Brasil, para controlar el territorio Yanomami e impedir la actividad minera ilegal desarrollada por garimpeiros, así como adelantar un plan de salud dirigido a esta comunidad originaria”, culmina el comunicado.
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