Alrededor de 350 obreros que trabajan en la construcción de un complejo de edificios dela Misión Vivienda, suspendieron este lunes sus actividades y emprendieron una protesta que colapsó la avenida Bolívar de Caracas la mañana de este lunes.
Los trabajadores de la construcción exigieron a los representantes del Estado venezolano que les paguen los dos meses de salario que han dejado de cancelarles. No obstante, expresaron su fidelidad con el proceso revolucionario del presidente Hugo Chávez.
La tranca fue producida justo en el inicio de la arteria vial capitalina, que conecta varios sectores del centro de Caracas, a la altura de Parque Central. Ello generó un enorme caos que alcanzó hasta la autopista Francisco Fajardo, quedando carros atrapados que no pudieron salir sino hasta después de las 10 de la mañana, cuando decidieron abrir el tránsito.
La exigencias fueron dirigidas al ministro parala Reconstrucción Urbanade Caracas, Francisco “Farruco” Sesto, despacho que envió a un representante con quien dialogaron los manifestantes.
Derechos laborales en el tapete
De acuerdo con el Observatorio Venezolano dela Conflictividad Social, durante el mes de julio se escenificaron 482 protestas en todo el territorio nacional, siendo el 41% de ese total generadas por el exigencia de derechos laborales, llegando a sobrepasar incluso las impulsadas por el reclamo de viviendas dignas, que fueron el detonante de 33% de las protestas del mes.
La mayoría de estas manifestaciones se ubicaron en el distrito capital y en el estado Bolívar, agregó la ong, que así mismo reiteró la denuncia que desde hace varios años vienen elevando los defensores de ddhh del país, en cuanto a lo han denominado la “criminalización de la protesta en Venezuela”.
En este sentido, resalta el caso de cinco sindicalistas que fueron detenidos a mediados de agosto en el estado Táchira, quienes representaban a trabajadores de obras dela Gran MisiónVivienda que exigían el pago de prestaciones sociales atrasadas a una empresa privada contratada por el Ministerio de Vivienda y Habitat. Fueron privados de libertad y sometidos a un proceso judicial bajo la jurisdicción militar, y actualmente se encuentran recluídos en la cárcel de Santa Ana.
Foto: Williams Toledo
