El bueno sale malo y el malo sale peor. Esa es la estimación del Observatorio Venezolano de Prisiones sobre la situación actual en las cárceles del país, que continúa en decadencia, por encima de cualquier “nuevo modelo de prisiones” que impuso el Ministerio para Servicios Penitenciarios, un modelo que se parece más a un adoctrinamiento con tendencias políticas, según Humberto Prado, director de ese organismo.
En los centros de reclusión del país todavía se vulneran los derechos humanos de los privados de libertad; cuando se instaló el “régimen militar”, la ministra Iris Varela aseguró que eso dejaría de pasar.
Pero el Observatorio tiene pruebas. El informe que preparan anualmente está sustentado por denuncias escritas y gráficas, por publicaciones de los medios de comunicación y por alianzas con abogados de la Comisión de Derechos Humanos del país.
“El Estado está creando monstruos cuando permite que los detenidos duerman de pie por el hacinamiento, cuando permite que todos convivan sin clasificación de delitos, coman con las manos y hagan necesidades en sitios improvisados” apuntó Prado.
Los números son la evidencia
Hasta junio de 2015, 109 privados de libertad fallecieron en distintos hechos violentos y otros 30 resultaron heridos de gravedad. En estas cifras no están incluidas las muertes ocurridas en comisarías ni otros sitios de reclusión preventiva.
Desde 1999 hasta 2014, la cifra de occisos se ubicó en 6.581 mientras que hubo 16.417 heridos de gravedad.
“No son las cárceles, ni los internos sino la autoridad” señaló Prado, agregando que deberían trabajar con manuales para el ingreso, permanencia y libertad del ciudadano.
Hacinamiento y Plan Cayapa
El Plan Cayapa fue un reparo espasmódico a la sobrepoblación en los penales y retardos procesales. A cuatro años de su implementación, el panorama no ha variado.
Hasta el final del primer semestre se contabilizaron 49.644 privados de libertad en todo el territorio nacional.
De la cifra, más de 31.500 internos están en condición de procesados que significa que está en prisión preventiva durante la investigación y aún no se ha determinado su culpabilidad en el hecho. Representan al 63 % de la población total.
Mientras que alrededor de 17.300 están cumpliendo pena, número que representa al 35 % de los internos y el resto cumple destacamento de trabajo.
Humberto Prado, quien se convirtió en defensor de los Derechos Humanos luego de pasar ocho años en la cárcel en los ‘80 por delitos contra la propiedad, concluye que el plan fue un fraude porque fue dirigido por las personas equivocadas.
En las comisarías de todos los organismos de seguridad la situación es más grave. Se convirtieron en depósitos de humanos, sentenció Prado. Cada día llegan nuevos compañeros pero no trasladan a ninguno.
El policía no sirve para custodiar
Equivocados están quienes ordenan que los policías cumplan funciones de custodios.
“El policía no sirve para cuidar detenidos ni para requisar comida para eso no fue su preparación” señaló Prado.
Propone la descentralización de las penitenciarías y hacer atractiva la carrera de Trabajo Penitenciario a fin de evitar también actos de corrupción.
“Hay que cambiar todo lo que no ha servido” indicó el director del Observatorio, quien nunca ha tenido la oportunidad de ser atendido por la ministra Iris Varela.
El Observatorio les ha hecho llegar manuales, investigaciones sobre la situación procesal, descentralización y formación de personal, pero “las pasan por alto”.
Problemas de salud
En las penitenciarías del país hay quienes mueren de Sida pero son registrados como muertes naturales, reveló Humberto Prado durante una ponencia sobre Derechos Humanos realizada ayer en el Colegio de Abogados.
No existe atención médica las 24 horas del día, no hay personal ni equipos para emergencias ni le brindan tratamientos a enfermedades crónicas.
Las fallas en el acceso al agua potable contribuye a la insalubridad.
Año violento
Las cifras del segundo semestre del año están en proceso de actualización, pero no ha sido un año fácil.
El 2014 estuvo marcado por la muerte por “intoxicación” de más de 50 privados de libertad quien según la versión preliminar, tomaron una mezcla de fármacos como medida de protesta contra los maltratos del entonces director Julio César Pérez.
El hombre fue imputado pero presuntamente no estaría pagando por esos cargos.
En 2015 se han suscitado tres grandes escenarios en las cárceles.
El incendio en Tocuyito, en el estado Carabobo, ocurrido en septiembre que dejó el saldo de 19 personas -entre reclusos y familiares- muertos.
Una situación de rehenes suscitada en octubre en el Rodeo II, estado Aragua en donde hubo dos muertos y siete heridos.
Lo más reciente fue el asesinato de una pareja que había violado y matado a su propia hija. Ambos fueron ultimados por los compañeros de celda en una comisaría en Trujillo.
Abogan por los derechos
Un foro sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos se realizó ayer en el Colegio de Abogados del estado Lara. Daniela Guerra, abogada, recordó que existen organizaciones dedicadas a la defensa y acompañamiento de todos aquellos quienes han sido víctimas de violaciones de DDHH cometidas por el Estado Venezolano o en las que el Estado no reaccionó.
“No se necesita ser pudiente, ni viajar al exterior para que una organización internacional te apoye, no es un proceso complejo” explicó.
En Venezuela también hay fundaciones para el acompañamiento de víctimas de violaciones de DDHH como Funpaz, quienes con su trabajo se han encargado de dejar al desnudo al Gobierno nacional.
