En todos mis artículos publicados en varios medios de comunicación social del país y algunas páginas web, relacionados con la brutal represión del régimen de la dupla Nicolás Maduro-Diosdado Cabello, he expresado mi solidaridad con todos los detenidos y exiliados políticos. Sin dejar de reiterar mi respaldo a todos los encarcelados, exiliados y perseguidos, la publicación del libro El Secuestro del Alcalde, por Manuel Malaver, me ha inclinado a referirme en particular a Antonio Ledezma, segunda autoridad civil y política de Venezuela, electa y reelecta por más de 700.000 votos ,en la Gran Caracas.
El secuestro del Alcalde Mayor del Área Metropolitana de Caracas, además de arbitrario e inconstitucional, sin una orden de un tribunal competente, constituye una provocación a la Mesa de la Unidad Democrática, para tratar de inducirla a realizar protestas violentas que justifiquen una mayor represión y un decreto, por parte del gobierno, de un Estado de Excepción, como ya lo hizo en la zona fronteriza con Colombia, que pudiera impedir la realización de las elecciones parlamentarias, en las que se sabe derrotado por una amplia mayoría, con la cual debería entenderse como sucede en todos los regímenes democráticos.
La arbitrariedad, escribí en anterior artículo, es ya un procedimiento característico del gobierno de Nicolás Maduro, en lo que supera a su mentor el extinto Presidente Hugo Chávez y lo acerca a la dictadura cubana de los hermanos Castro, de la época de los peores momentos de la represión contra el pueblo de la Isla de Martí. Por eso Antonio Ledezma le había comunicado a varios de sus amigos, que presentía una detención de naturaleza brutal, por lo que estaba preparado para enfrentarla con el coraje y la dignidad de un hombre de firmes convicciones democráticas, forjador de una historia que Maduro y Cabello y ninguno de sus verdugos pueden exhibir. Incorporado a la lucha social desde su adolescencia ha sido electo diputado, senador y alcalde, en cuyos cargos siempre dio demostraciones de fiel servidor público, y en los que le tocó manejar un presupuesto grande o pequeño, lo hizo con transparencia y honestidad, lo que le ha permitido pasar ileso todas las investigaciones que La Contraloría General de la República y los sabuesos del gobierno han realizado a sus administraciones.
Lo inconstitucional de la detención de Ledezma es obvio, se trata del Alcalde Metropolitano electo, con el rango legal de un Gobernador, por lo que requiere de ante juicio de mérito. La permanente violación a la Carta Magna por parte del Ejecutivo Nacional se ha extendido a casi todos sus artículos fundamentales. De allí que el Presidente ordena la detención y después le pide a un juez provisorio y sumiso que expida la orden respectiva, con lo que ratifica que quien manda es el Jefe del Gobierno, y los jueces y demás funcionarios de otros Poderes Públicos, obedecen.
La solidaridad nacional e internacional de los sectores democráticos con Antonio Ledezma, como la que ha recibido Leopoldo López, otra víctima de la política represiva del gobierno, ambos cabezas del nuevo liderazgo que ha surgido en los últimos tiempos, producto de una consecuente y justa lucha por la democracia y el bienestar de la mayoría de los venezolanos, ha dejado al desnudo la política dictatorial de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. De allí que es factible que en un futuro mediato algunos Organismos Internacionales como el Mercosur e incluso la OEA y Unasur puedan discutir y aplicarle al gobierno la Carta Democrática Interamericana, como ya lo sugerido el Presidente Electo de Argentina, Mauricio Macri.
Y como los auténticos líderes no sólo no se doblegan, sino que tampoco caen en provocaciones y tienen claro el objetivo y futuro de la nación, ambos reafirman su vocación democrática y desde la prisión llaman a votar en las próximas elecciones parlamentarias, por lo que la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática de buscar una salida democrática, pacífica y electoral a la crisis que atraviesa el país, es el camino correcto para prepararse y derrotar el autoritarismo madurocabellista.
Y como la crisis política y económica del gobierno se agrava, tanto por la incapacidad de sus altos funcionarios, como por el modelo fracasado en otras naciones, que quieren imponer, la desesperación los puede inclinar a más detenciones, para lo cual hay que responder con firmeza, pero con cabeza fría. Los atajos los ha tomado el gobierno y no es descartable que los enfrentamientos internos los conduzcan a una mayor violencia, a un desbarrancadero.
