En Venezuela todos los arreglos económicos y políticos pasan por el petróleo. La suerte de las misiones, los aumentos de las pensiones, el endeudamiento interno o externo, las tasas impositivas, las alianzas internacionales, el precio de la gasolina, subsidios a productos regulados, la ayuda a países amigos, la creación de puestos burocráticos en la administración pública, las tasas aeroportuarias, la distribución de “canaimitas”, los sueldos de los militares, el precio de dólar, el volumen de importaciones, su casa bien equipada, presupuestos de consejos comunales, y muchas otras cosas, están indisociablemente vinculados a lo que pase con el precio, el volumen de ventas y, lo más importante: quien determina el destino de esa renta que capta el Estado. A pesar de ser circunstancia conocida, es el gran ausente en el debate público en la presente contienda electoral.
La expresión “crisis del modelo”, encierra con acierto el núcleo del debate que se le niega país: cómo es posible que la potencia económica mundial, con el colosal flujo de divisas recibido, se encuentre en recesión, con penosas dificultades económica diversas.
Da la impresión que existe un compromiso tácito entre los principales actores respetar el siguiente arreglo que modela las relaciones de pareja con un polo dominante: “ni la cartera, ni el celular”. Aludiendo figuradamente a que no se suministra información sobre origen y destino de los dólares petroleros.
La discusión debe partir de unas ideas básicas. Debe ventilarse públicamente qué proporción del ingreso petrolero se ha de destinar a la mantequilla, los cañones y a los libros. El Estado venezolano ha sido, de alguna manera, autosuficiente desde el punto de vista económico con respecto a la sociedad venezolana. Si se quiere, el Estado venezolano, personificado en cada época histórica en los distintos “Gobiernos”, no necesita de los impuestos para funcionar (Abadí y García, 2015). En épocas de elevados ingresos, auspiciados por booms petroleros externos, concretamente los acaecidos en el lapso 1974- 1978 y entre 2003-2014, esa autosuficiencia ha sido particularmente evidente. Como evidente ha sido la consecuencia de esa autonomía no sólo política sino económica del Estado: imposición de medidas antidemocráticas, aprobación de normas rechazadas en consulta popular (ej. reforma constitucional en el año 2007), habilitación frecuente al Presidente de la República para suplantar a la Asamblea Nacional en sus funciones legislativas, ejecución de gastos al margen del presupuesto nacional, establecimiento de gobernaciones paralelas, violaciones a la propiedad privada mediante expropiaciones no canceladas oportunamente e invasiones, etc. La autosuficiencia del Estado Patrimonial (que posee ingresos propios) se resquebraja o se robustece según el vaivén del ingreso petrolero, dado el carácter mono exportador de la economía. Pero eso no quiere decir que más dólares se traduzcan en mayor fortaleza del gobierno. Esta visión ingenua de las cosas, ha sido fuente de no pocos errores y calamidades.
Así lo enseña la experiencia. Un gasto público abultado o en expansión no garantiza crecimiento económico sostenido ni continuidad en el poder mediante el mecanismo de comicios libérrimos.
Es claro que fortaleza del Estado coloca al partido de gobierno en condiciones de jugar con ventaja. Tal fortaleza económica del Estado se refleja en la magnitud del gasto público y en la capacidad de financiamiento de su gestión sin gravar a los contribuyentes, y sin condenar a mayores sacrificios a las futuras generaciones. La política fiscal (cómo obtener ingresos y en qué gastarlos) tiene en el Presupuesto de la Nación el principal la principal herramienta estratégica. Pero en épocas de debilitamiento de la autosuficiencia, los presupuestos públicos pueden tornarse deficitarios repentinamente, el país se endeuda, devalúa la moneda, las autoridades imprimen dinero sin respaldo, ampliando el torbellino de necesidades sociales insatisfechas, agrietando el esquema previo de estabilidad. Con recursos “suficientes”, ha ocurrido que, atendiendo a objetivos políticos, los recursos no se canalicen hacia el presupuesto, se dirijan a otras opciones de gasto (Ejemplo Fondo de Inversiones de Venezuela en 1976, Fondos Especiales en 2004), incorporando elementos discrecionales en la asignación de gasto y en la selección de beneficiarios. De modo que cuando se asiste a períodos largos de auge o de la autosuficiencia del Estado patrimonial se altera por completo la noción de gobernabilidad, al punto que puede lograrse cierta estabilidad sin necesidad de recurrir a negociación y acuerdo entre la sociedad civil y el Estado, incluso tensar las relaciones gobierno-oposición, y entre ciudadanos y gobernantes. Esa forma de distribuir la renta petrolera debe ser discutida. En el lapso 2003-2014 se fueron diseñando mecanismos singulares mediante los cuales el Ejecutivo se apropia del ingreso petrolero y procede a su distribución al margen del Presupuesto Nacional. La magnitud de los recursos involucrados, la politización los mecanismos de distribución y de reparto de la renta, la ausencia de contraloría sobre el uso de estos fondos, el esfuerzo político de participación y movilización de grandes contingentes de los sectores populares tras estos ingresos es de tal entidad que debe colocarse como punto en la agenda parlamentaria.
