El gobierno continúa su arremetida contra empresarios. Pero probablemente esta se intensifique con el inicio de la campaña electoral para las elecciones parlamentarias del próximo mes de diciembre.
Tal aseveración fue realizada por Alberto Gámez, presidente de la Fedecámaras Lara y director nacional de la cúpula, quien sostiene que los ataques contra el gremio que representa han sido “cada vez más reiterativo y se sienten con mayor fuerza”.
En este sentido, hizo referencia al ajuste de la Ley de Precios y las fiscalizaciones e imposiciones cometida contra mercados de alimentos y otros comercios de productos de primera necesidad.
Citó el caso del Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto (Mercabar), que días atrás fue sometido a fiscalización y resultó detenida una persona, además entregó su cargo el director de la entidad, Atilano Linares.
En opinión de Gámez se trata de “un mensaje, en plena víspera electoral, que el gobierno envía a los empresarios y a la gente. Con esto sólo quieren demostrar que tienen fuerza”. Para el presidente de Fedecámaras en Lara, se trata de “imposiciones sin sentido”. Sostiene que la Superintendencia de Precios Justos (Sundee), como órgano inspector, será el intermediario para la arremetida.
El representante de la cúpula en Lara refirió que se trata de una estrategia que intenta captar a ese 40% de la población que no apoya al oficialismo ni a la oposición.
Sin derecho a la defensa
“Cómo es posible que pongan al empresario a trabajar a pérdidas y que los obliguen a vender de precios que ellos creen que son justos”, comentó Gámez, para quien lo procedente sería “gozar del derecho a la libre defensa” y no someter al sector a procesos indebidos.
“Si algún empresario tiene alguna culpabilidad, júzguenlo por los canales regulares, pero que no lo sometan al maltrato ni al escarnio público, sin conocerse la verdad del caso”, acotó.
Recordó que el control de costos lo establece el Gobierno nacional, pero este no es acorde con la realidad productiva.
También rechazó la actuación indebida de los inspectores comunales, “figura creada por el gobierno para realizar seguimiento a los comercios”.
