Controles que pervierten todo sistema. Doce años han transcurrido desde que el extinto Ministerio de Producción y Comercio anunció los primeros precios máximos de venta. En principio se trataba sólo de 45 bienes y 7 servicios considerados de “primera necesidad”, pero en la actualidad son muchos más.
Sectores productivos y la cadena comercial del país señalan la urgencia de que estos sean desmontados, a fin de frenar la escasez, dar prioridad a la producción nacional y permitir la formación de precios a través de la relación de competencia. Sin embargo, representantes del Gobierno han expuesto que no existe posibilidad alguna para que ocurra una liberación de los precios. Sería una decisión en contra del socialismo y desleal al bolsillo de los venezolanos.
Pero, entonces, se plantea una fuerte preocupación. Si la población venezolana ya presenta elevados índices de pobreza, a pesar de que parte importante de la canasta alimentaria es implícitamente subsidiada a través de estos controles, ¿qué podría ocurrir si se liberaran los precios? ¿Realmente es esta la única medida? En caso de ocurrir, ¿podrán las ayudas sociales atenuar la situación?
Sobre este aspecto, fue consultado el economista y docente de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luis Oliveros, quien apuntó que es “clara” la necesidad de una liberación de los controles de precio y cambio, ya que estos “no abatieron la inflación ni generaron calidad de vida a los venezolanos”.
Por el contrario han desincentivado cualquier producción nacional, más cuando se trata de precios que ni siquiera cubren los gastos de fabricación, lo que saca a la empresa del mercado, por una producción a pérdida.
Recientemente el Gobierno nacional realizó una modificación a la Ley de Precios Justos. En esta quedó estipulado un margen de ganancia del 30% para productores nacionales, 20% para importadores y otro 60% distribuido entre la cadena de comercialización.
No obstante, el sector privado advierte que cada realidad es distinta y por tanto, resulta ineficiente la imposición de fijaciones porcentuales de ese tipo. Economistas y actores económicos sostienen que la medida empeora aún más la situación.
En visita institucional al diario EL IMPULSO, el pasado mes de octubre, Ciprina Ramos, presidenta del Consejo Nacional de Comercio (Consecomercio), explicó que el porcentaje de ganancia de cada productor, debe desprenderse de sí mismo, de su proceso productivo. “No puede ser un 30% de ganancia para todos por igual, porque los precios se fijan en competencia… Un control sobre otro control genera anarquía absoluta”.
El sector empresarial sostiene que parte de la solución a la actual coyuntura económica sería la unificación del mercado de divisas y la liberación de precios. Pero, realmente, ¿qué representarían estas medidas para el país?
Se agudiza la inflación
En opinión de Oliveros la liberación de los precios es una acertada política, cuyo camino debe ser abordado, sea cual sea gobierno de turno. Reconoció que el ajuste generaría inflación, pero el crecimiento de esta variable ya es indetenible, por lo cual una corrección como la mencionada, garantizaría una posterior mejora.
“La inflación ya se aprecia. Pero la liberación de precios propiciaría un aumento de la demanda y posterior estabilidad del mercado”, comentó.
En tal sentido, explicó que el mecanismos más eficiente de asignación de recursos es el mismo mercado y el sistema de precios libres.
“Si se permite que la oferta y la demanda de los bienes dicten el precio, se gozará de una formación natural y eficiente de estos, marcada por la misma competencia”. Esto, acompañado de un gobierno que garantice una sana marcha de la economía, sin calamidades fiscales, monetarias o de cambio, generará mejoría.
Especialistas describen la competencia como un mecanismo aplicable a cualquier ideología.
El diseño de un plan
La liberación de precios debe estar acompañada de otras medidas que aborden distintos aspectos de la economía venezolana. Para Oliveros es como “un paciente que está tan enfermo, que no se puede hacer un solo abordaje de la situación, sino aplicar un tratamiento integral y multidisciplinario”. De lo contrario no se generaría un bienestar, sino una leve y momentánea mejoría.
La aplicación de una medida de este tipo debería entonces ser presentada junto a un programa económico de estabilización. Recordó que en uno de los gobiernos de Rafael Caldera se intentó liberar el control de cambio, sin el ajuste de otras áreas, lo cual generó un resultado catastrófico.
Por su parte, Maxim Ross, economista y también docente universitario, expresó que “se deben aplicar políticas macroeconómicas vinculantes y concomitantes, que soporten los mecanismos de liberación, es decir, disciplina fiscal, disciplina monetaria y un Banco Central con poderes, independiente y autónomo”.
En tan sentido, destacan que también debe haber un componente social.
“El gobierno ha generado con sus medidas niveles de pobreza tan elevado, que es necesario que se apoye al ciudadano, a través de subsidios directos a las personas de escasos recursos”, dijo Oliveros.
Comentó que sería posible, por ejemplo, conducir parte del dinero obtenido de un posible aumento de la gasolina, a este tipo de ayudas. Asimismo, aclaró que se trataría de subsidios que no estarían relacionados con la afiliación política de los venezolanos y que no generarían dependencia hacia el gobierno.
También considera conveniente bancarizar a la población, a fin de no sólo disfrutar de productos bancarios, sino también de acceso a créditos.
Sostienen que es necesario corregir el déficit fiscal y la caída del Producto Interno Bruto (PIB), así como propiciar un orden fiscal y monetario, que permita unificar la tasa de cambio y mejorar la economía venezolana, mientras que en el ínterin se revisan los precios de bienes de servicio público, como la gasolina y la electricidad.
También es preciso revisar la utilidad y condiciones de las más de 850 empresas del Estado venezolano.
Infidelidad ideológica
Sobre si una liberación de los precios pudiera ser vista como una infidelidad al pensamiento revolucionario y al bolsillo de los venezolanos, Luis Oliveros comentó que “el Gobierno está secuestrado bajo una ideología equivocada”, que impide reconocer el error y emprender las medidas necesarias, ya que eso generaría rechazo popular.
No obstante, algunos venezolanos han estimado los “sacudones” y decretos del gobierno como tradiciones reflejadas en el precio. Al igual que el bachaqueo organizado de venta al mayor y detal, que implícitamente son liberaciones de este marcador, las cuales afectan el presupuesto de los venezolanos, sin aspiraciones de mejoría
Ross, calificó el planteamiento de una liberación dentro del modelo ideológico y económico actual como una “utopía”, por lo cual un ajuste de este tipo tendría como única posibilidad el cambio político.
Vale destacar que Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anuco), manifestó que institucionalmente apoyarían una liberación de los precios, siempre que el Estado mantenga sus niveles de supervisión y control.
Al consultarle qué sería más proteccionista, si un control de precios o una garantía de mercado, refirió que lo más conveniente sería una ampliación del mercado, a fin de que existan más opciones y abundancia de productos, con el objeto de generar un automático control de precios.
“El pueblo no se puede sentir protegido”, puesto que no es protección promover un escenario de largas colas o el pago a un tercero, que sería el bachaquero, para la adquisición de productos de primera necesidad”. Acotó que la ley de la oferta y la demanda es real: más oferta a menos precios y menos oferta a más precios.
Dieciséis años perdidos
Ante la posibilidad de que la medida represente un costo económico para la población venezolana, ya empobrecida, Luis Oliveros comentó que esto sería inevitable si se toman los actuales índices de inflación. En tal sentido, no negó que la población venezolana esté más empobrecida que años atrás.
Precisó que ciertos estudios han revelado que los venezolanos se encuentra en niveles de pobreza cercanos a los registrados en 1998, con lo que se pudiera pensar que no hubo progreso, sino por el contrario “dieciséis años perdidos” y en los que se desaprovechó una valiosa oportunidad de sacar a la población de la pobreza de manera sostenida y de generar las condiciones para una economía sana.
Sobre la usurara en un mercado libre
Al consultarle a Oliveros cuáles podrían ser las garantías de que no existan especulación y usura, precisó que en un mercado de competencia, la constante alza de los precios no es estrategia atractiva para el comprador.
Pero esta sólo es posible si existe oferta en el mercado e incentivos para entrar a contender.
A diferencia de cuando no existe oferta y el único tenedor o poseedor es quien decide el precio de venta de este. Como lo ha demostrado el gobierno, que con dólares preferenciales y mecanismos para la importación, se impone como oferta y saca del juego a otros.
León Parilli acotó que una liberación de precios no significaría que el Estado será ajeno al mercado. Muy por el contrario puede intervenir, regular y generar bandas, para progresivamente ir liberando los precios, de acuerdo con el comportamiento del mismo.
Sobre aseveraciones de que una liberación del mercado podría propiciar un estado anárquico y especulativo del mismo, Ross comentó que esto no es así y que se trata de “pura ignorancia”.
Destacó que monedas extranjeras como el dólar y el euro no están sometidas a controles de cambio, mientras que los chinos están en proceso de abandonarlos. Asimismo, acotó que la experiencia internacional afirma que es mucho mejor un sistema de libre convertibilidad y de precios definidos en el mercado, que una intervención permanente del gobierno.
No se requieren mecanismos expresos de supervisión, sino los que ya están expresamente establecidos. Entre estos, los arbitrajes internacionales y medidas propias de un programa de estabilización.
