Según un informe de la ONG Expresión Libre, a dos meses de las elecciones parlamentarias, continúan los impedimentos del Gobierno hacia los medios de comunicación para que cumplan con el deber de informar a la población.
Expusieron el caso del periodista del diario El Nacional, Javier Mayorca, quien denunció el poco acceso que se tiene a la información en la Morgue de Bello Monte, ubicada en Caracas, donde los funcionarios amenazan a familiares con retrasar la entrega de los cuerpos, en caso de declarar a los comunicadores.
Entre los periódicos que han padecido la crisis económica y la persecución de funcionarios están: el diario Nueva Prensa de Guayana, que enfrenta un cierre técnico por falta de papel y el diario Los Andes del estado Táchira, medio que tenía 37 años al servicio de los lugareños y se vio obligado a suspender sus publicaciones por el poco ingreso publicitario y el costo de los insumos.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su 156º período de sesiones de audiencias, pidió visitar Venezuela para constatar en terreno la situación de la libertad de expresión en el país. El comisionado Felipe González, quien es además relator para Venezuela y Estados Unidos, indicó que el Estado no se ha hecho cargo de las observaciones sobre el derecho a la información pública”.
