El gobierno español anunció este viernes que adoptará medidas jurídicas inmediatas contra el Parlamento de Cataluña si esa instancia con sede en Barcelona aprueba la semana entrante una propuesta para dar inicio formal al intento de escindir a la región del resto de España.
El Parlamento de Cataluña ha acordado someter a votación el lunes la propuesta de los partidos secesionistas, medida que lo enfila a una confrontación con el gobierno nacional en Madrid que considera ese proceder inconstitucional.
La vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría dijo que las autoridades centrales buscarán la opinión del Consejo de Estado, un órgano consultivo del gobierno, y convocará después una reunión especial del gabinete para anunciar que buscará un fallo del Tribunal Constitucional.
La alianza independentista «Juntos por el Sí» y el partido de izquierda radical CUP (Candidatura de Unidad Popular) elaboraron la propuesta separatista. Entre ambos lograron 72 de las 135 bancas del Parlamento regional después de los comicios de septiembre.
Las dos partes sostienen conversaciones para la formación del nuevo gobierno regional pero persisten las desavenencias sobre quién debe ser el presidente catalán.
El Parlamento tiene hasta el 9 de enero para integrar un gobierno o convocar nuevas elecciones.
Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España, aporta casi la quinta parte del producto interno bruto de España. Los habitantes de la región tienen gran orgullo por su cultura y su lengua.
El sentimiento independentista catalán se avivó hace cuatro años cuando la crisis económica asolaba con mayor intensidad a España y los secesionistas afirmaban que a la región podría irle mejor de manera independiente.
Según la mayoría de las encuestas, los catalanes desean un referendo sobre la secesión pero están divididos sobre el tema de la independencia.
