Más de 30 exmandatarios de América Latina y España suscribieron este miércoles la llamada Declaración de Bogotá, en la cual demandaron que se permita una observación del proceso electoral de Venezuela, de cara a las elecciones parlamentarias del seis de diciembre.
La declaración, explicada por el expresidente colombiano Andrés Pastrana, reseñó el diario El Tiempo de Bogotá, contiene un duro rechazo a las acciones del presidente Nicolás Maduro, y a la escasez de garantías para los líderes de la oposición presos en el país.
Por ello, el texto fue entregado a Antonieta Ledezma, hija del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido desde febrero pasado y cuya situación judicial no ha sido resuelta.
«Queremos hacer un llamado a la importancia de la observación electoral en Venezuela, una observación que debe ser realizada écnicamente
o por Naciones Unidas o por la Organización de Estados Americanos o por la Unión Europea», demandó el expresidente colombiano.
Observación y garantías
Entre los firmantes de la Declaración de Bogotá destacan exjefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, quienes suscribieron también la Declaración de Panamá sobre Venezuela patrocinada por Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).
Suscriben, Nicolás Ardito- Barletta (Panamá), Oscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Belisario Betancur (Colombia), Armando Calderón Sol (El Salvador), Felipe Calderón (México), Rafael Ángel Calderón F (Costa Rica), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Laura Chinchilla Miranda (Costa Rica),Alfredo Cristiani (El Salvador), Fernando de la Rúa (Argentina), Eduardo Duhalde (Argentina), Vicente Fox (México), Eduardo Frei (Chile), César Gaviria (Colombia), Felipe González (España), Lucio Gutiérrez (Ecuador), Osvaldo Hurtado L. (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Ricardo Lagos (Chile), Ricardo Martinelli (Panamá), Luis Alberto Monge (Costa Rica), Mireya Moscoso (Panamá), Andrés Pastrana (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Jorge Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez
(Costa Rica), Julio M. Sanguinetti (Uruguay), Alejandro Toledo (Perú), Álvaro Uribe (Colombia), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) y
Asdrúbal Aguiar, jurista y director de IDEA.
En el documento, los firmantes, en primer término, comienzan por expresar su su preocupación hacia temas de polémica relevancia en el
acontecer nacional: «…la ejecución de un Estado de Excepción y el cierre de la frontera de Venezuela con Colombia ; el uso de la justicia para
condenar a líderes de la oposición democrática; el desacato abierto por el Tribunal Supremo de Justicia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, a propósito de Radio Caracas Televisión, exige restablecer la garantía de la libertad de
expresión».
Ante esta realidad, juzgan «como deber ineludible y como dirigentes democráticos probados», hacer una serie de consideraciones.
Estado de excepción
«La declaratoria de un Estado de Excepción, que implica la suspensión temporal de determinadas garantías constitucionales y su obligada
supervisión por los organismos internacionales de derechos humanos, conforme a los principios que informan a la democracia, aceptados por el sistema interamericano, no puede desvincularse del ejercicio efectivo de la democracia representativa”.
Caso Leopoldo López
«La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Comité contra la Tortura, ha expresado su preocupación por ‘la falta de independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo’ venezolano, y su Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias ha constatado que el líder opositor Leopoldo López fue arbitrariamente encarcelado; de modo que, al dictarse recién su condena penal, a través del Alto Comisionado para Derechos Humanos se ha manifestado consternada por “la información recibida sobre las irregularidades ocurridas durante su proceso”.
Libertad de expresión
«Según la doctrina constante de la instancia judicial interamericana mencionada, las elecciones libres y la libertad de expresión, particularmente la libertad de debate político, forman juntas el cimiento de la democracia. Por consiguiente se considera indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a toda elección».
Llamado a la comunidad internacional
Los líderes políticos, en la Declaración, «constatada la situación de suspensión de garantías vigente en Venezuela y la consiguiente
militarización de sus territorios fronterizos, indican “que no debe admitirse que ello implique la suspensión de la democracia y del
Estado de Derecho, en lo específico, que obstaculice la realización general y en condiciones de normalidad de las elecciones parlamentarias
previstas el 6 de diciembre; como tampoco puede aceptarse la expulsión masiva e indiscriminada, por razones de nacionalidad, de
colombianos, en abierta contravención del Derecho internacional».
Consideran fundamental «el rescate de la confianza en el voto como medio democrático para resolver los problemas y desviaciones
que sufre la democracia”.
Además, consideran que el proceso electoral exige de una observación internacional imparcial y técnicamente calificada – dado el
complejo y sofisticado sistema electrónico de elecciones establecido en Venezuela – por parte de la Organización de las Naciones
Unidas, la Organización de los Estados Americanos, y la Unión Europea.
Reclaman también “garantías mínimas” para el proceso electoral democrático, junto a la no utilización de los recursos humanos o
materiales del Estado para favorecer a una tendencia determinada, el acceso libre y equitativo a los medios de comunicación social, y el cese de la persecución a dirigentes políticos y editores
