El Gobierno nacional canceló 1% de sus deudas laborales

Los bonos Petrorinoco con los cuales el Ejecutivo nacional pretende cancelar los prestaciones sociales de todos los trabajadores del sector público, no es más que una “repetición” del esquema de pago que en el año 98 estableció el expresidente, Rafael Caldera.
Así explicó el economista y profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Gerardo Álvarez, quien señaló que este instrumento de pago contradice lo establecido en el artículo 92 de la Constitución Nacional, el cual expresa el derecho que tienen los trabajadores de exigir la cancelación “inmediata” del dinero que les corresponde al culminar la relación de trabajo. “Llama poderosamente la atención que el Gobierno proceda ahora a cancelar las deudas que están acumuladas desde hace 15 años. Es inconcebible que a pesar de los millonarios ingresos petroleros que han ingresado al país, sea ahora cuando se acuerden de cancelar las deudas que tienen con los jubilados y pensionados de la administración pública”.
Explicó Álvarez que los certificados entregados por el presidente Chávez a 20 trabajadores del sector universitario y más de cinco mil de otras dependencias, representa sólo el 1% de las deudas pendientes. “Según las autoridades, el Fondo de Ahorro de la Clase Obrera con el cual se cancelarán las prestaciones sociales, tendrá como fuente financiera el 4% de los dividendos que obtenga Pdvsa Social en las 15 empresas que funcionan en la faja petrolífera del Orinoco, de las cuales el Estado tiene el 60% de las acciones. Además, recibirá el 3.3% del impuesto de extracción que pagan estas empresas al Estado. Este fondo tenía mil 120 millones de bolívares para comenzar el pago, y en la primera entrega de certificados se invirtieron 886 millones de bolívares. Quiere decir que el Ejecutivo apenas cuenta actualmente con 234 millones de bolívares para responder al resto de las deudas”.
En este sentido, Álvarez señaló que el Gobierno no tiene un monto exacto del dinero que debe a los trabajadores. Según datos recabados por el especialista, la deuda general supera los 19 mil millones de bolívares, (75% de las reservas internacionales), lo que al cambio oficial representa 81 mil 700 millones de bolívares.
Sólo el sector universitario a través de la Oficina de Planificación del sector Universitario (OPSU) logró ordenar el listado de beneficiarios y realizar los cálculos pertinentes. “Los sindicatos de trabajadores deben exigirle al Gobierno que cuantifique la deuda en el resto de las dependencias y que establezca un cronograma de pago para la cancelación de esta inmensa cantidad de dinero”.
A merced del mercado
Álvarez considera inaudito que la cancelación de las prestaciones sociales de los trabajadores públicos dependa de los vaivenes del mercado petrolero. “La ministra de Educación advirtió que habían condicionantes para la cancelación, entre estos, los precios del petróleo y la inyección de dinero que las empresas petroleras realicen al fondo de ahorro. ¿Cómo afectará la situación suscitada en Amuay al proyecto Petrorinoco?”
Una de las dudas que se presenta es si el cronograma de cancelación se cumplirá en lapsos adecuados. “El Gobierno asegura que atenderá a mil beneficiarios por mes. Sólo en educación, hay más de 50 mil personas esperando su pago. Esto quiere decir que pasará mucho tiempo para que puedan honrar estas deudas”.
En este sentido, Álvarez considera que para el Ejecutivo será muy complejo cumplir con estos compromisos, razón por la cual el bono Petrorinoco se convertirá en una nueva promesa que no resolverá el problema de los trabajadores.
Fotos: Dedwison Álvarez/ Elías Rodríguez