El productor y abogado Miguel Soto ofreció sus consideraciones en torno a las acciones legales que desarrollaron un grupo de agricultores en el Valle del Turbio, en contra del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) para el cumplimiento del decreto 2.743, el cual establece derechos para los productores y condiciones adecuadas para el manejo de la tierra.
Esta demanda permitiría a los trabajadores del campo volver a las unidades de producción, para recibir asistencia técnica especializada y financiamiento por parte del Estado.
Explicó Soto que en el caso del Valle del Turbio hay varias violaciones a las normas venezolanas, por cuanto las autoridades del Instituto Nacional de Tierras (INTI) no cumplieron con los protocolos que establece la ley. “El artículo 140 de la Constitución de la República, dice que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. En el Valle hubo una violación por parte del INTI pues desconoció los títulos de propiedad, contradiciendo el artículo el 115 de la Carta Magna el cual garantiza el derecho de propiedad”.
Soto recordó que el Estado tiene potestad para iniciar un proceso de expropiación mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización. “Losprocedimientos que siguió el INTI son írritos porque no están consustanciados con la Constitución y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Los productores que han cumplido con los juicios, tendrán que ser indemnizados patrimonialmente”.
A juicio de Soto, lo que ocurrió en el Valle del Turbio fue una invasión de los funcionarios del INTI. “Se cometió un delito pues no se se respetó la propiedad privada, y se hizo un desalojo a la fuerza con apoyo de la Guardia Nacional”.
Algo ocurre en Lara
Explicó Miguel Soto que el estado Lara presenta serios problemas en cuanto a la administración de justicia para el sector agrícola. “Logramos ganar un juicio en Boconó, y en varios estados del país. Donde no se pueden ganar las demandas es en los tribunales agrarios de Lara. Hay muchos impedimentos al momento de hacer justicia porque no prosperan los juicios”.
Aunque Soto prefirió ser prudente y no asegurar los motivos de esta situación, sí instó a las autoridades del Poder Judicial a revisarse. “El tiempo pasará, y pasará a favor de los productores. Hay que denunciar y ejercer acciones legales. callar es admitir estas acciones irregulares”.
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