Consumidores barquisimetanos denuncian humillaciones y discriminación por parte de representantes de comunas de las urbanizaciones El Sisal y Andrés Eloy Blanco, quienes han impuesto en los supermercados de la zona, que sólo se les venda productos regulados a quienes presenten constancia de residencia emitida por los consejos comunales.
A Chiquinquirá López, quien durante 24 años ha hecho sus compras en el supermercado de El Sisal, no se le permitió adquirir productos regulados días atrás por no pertenecer a esta comunidad. Explica que sólo la separa del establecimiento una avenida y que este le es más cercano al que supuestamente le “corresponde”, ubicado a ocho cuadras de su lugar de residencia.
A la denuncia de López, se suman otras como la de Iraida Pacheco, quien dice estar en desacuerdo con la imposición, porque ello significa condicionar sus compras.
“Si en el abasto que supuestamente me corresponde sólo llega jabón, no puede vivir de jabón toda la semana… Genera impotencia que uno haga su esfuerzo, se levante temprano y haga la cola, pero al final le digan que no le pueden vender porque uno no es de la zona”.
Aseguran que los llaman “rezagados” y que los forman en una cola que “nunca es atendida”.
Relatan que quienes presentaban las constancias del consejo comunal, sin importar que recién estuvieran llegando al establecimientos, salían de allí con múltiples productos, mientras que a ellos, tras varias quejas, sólo les vendieron una bola de jabón en polvo. Todo esto bajo la anuencia de efectivos de seguridad e inspectores comunales de la Sundee.
Al consultarle al propietario del establecimiento, por qué aplicó este método para la venta de los productos, contestó que era una “imposición de los consejos comunales” y que sólo se sumaba a ellos para que no lo denuncien.
A esto se agrega que algunos supermercados han cerrado por periodo vacacional, lo cual limita a las personas que les corresponde hacer la compra en dicho lugar.
Pueden ser denunciados
Sobre esta situación fue consultado Roberto León Parilli, director de la Alianza Nacional de Consumidores y Usuario (Anauco), quien dijo que, hasta donde conce, esta situación sólo ocurre en Lara.
Apuntó que “ningún consejo comunal, gobierno ni organismo público, está en la potestad de limitar el acceso a comprar en un supermercado a nadie, sea de donde sea”, puesto que constitucionalmente los ciudadanos gozan del derecho a elegir servicios de calidad.
Recordó, por tanto, que según el artículo 350 de la Carta Magna, también existe la garantía de la seguridad alimentaria, entendida como el acceso permanente y oportuno al alimento.
En tal sentido, acotó que el captahuellas y venta por terminal de número de cédula ya es una violación a este contenido.
Subrayó que medidas como esta promueven actos de corrupción, puesto que “se le confiere un poder a una entidad abstracta, que no goza de este legalmente”. Calificó la práctica de “discrecional”.
Exhortó a quienes sean víctimas de esta violación a emprender una acción judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia, por daño a intereses colectivos, contra el consejo comunal y el supermercado, por imponer un procedimiento, contrario a los derechos constitucionales.
Vacación
Algunos supermercados han cerrado por periodo vacacional, lo cual limita las compras
