El debilitamiento de los medios privados en Venezuela por el asedio del presidente Hugo Chávez tiene como resultado una autocensura de la prensa y la falta de cobertura de temas cruciales, según un informe del Comité para la Protección de los Periodistas.
El estudio titulado «Medios privados venezolanos se debilitan bajo el asedio de Chávez» fue presentado el miércoles en Nueva York y es el cuarto, y el más crítico, que efectúa el CPJ (según sus siglas en inglés) sobre la situación de la prensa en Venezuela desde la llegada al poder del actual presidente en 1999.
«El desmantelamiento gradual de la prensa crítica en Venezuela en los últimos 13 años, junto con campañas de desprestigio en los medios estatales, y decisiones judiciales que permiten la censura, es una pérdida notable para los ciudadanos que necesitan informes profundos, no la propaganda», dijo Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del CPJ.
Según el informe, el gobierno de Chávez «ha utilizado una variedad de leyes, amenazas y medidas regulatorias para debilitar, de manera gradual, a la prensa independiente mientras erigía un imperio mediático estatal».
«Para evitar posibles multas o incluso penas de cárcel, muchos periodistas y medios han decidido censurar su propia cobertura informativa», señala, mencionando casos en los que la prensa ha debido retractarse o directamente no cubrir un hecho, por ejemplo la supuesta contaminación de un río.
«El gobierno también ha bloqueado cobertura informativa crítica, ha cerrado radios y canales de televisión, ha demandado a periodistas por difamación, ha excluido a quien considera hostil de eventos oficiales y ha acosado -con la ayuda de militantes y medios estatales – a periodistas críticos», denuncia el CPJ.
En este contexto, «se ha vuelto cada vez más difícil acceder a información de interés público» y «temas cruciales no están recibiendo cobertura informativa en un año electoral», afirma Joel Simon, director ejecutivo del CPJ.
Entre los asuntos «de interés nacional» que no son tratados el CPJ menciona «la salud de Chávez, el creciente desempleo, la superpoblación en las prisiones y las condiciones del vital sector energético estatal».
«Casi todas las estrategias de Chávez para controlar y aislar a los periodistas críticos han sido emuladas por gobiernos que simpatizan con el venezolano en la región, desde Nicaragua a Ecuador», indicó.
El asedio del gobierno venezolano se extiende a internet, donde ha incurrido en «actos intimidatorios»: «Las cuentas de periodistas críticos son hackeadas y utilizadas para promover mensajes a favor del gobierno», según la investigación del CPJ.
La conflictiva relación entre Chávez y los medios de prensa críticos con su gestión ha dado lugar a varios hechos polémicos en los últimos años.
En 2007, Chávez decidió no renovar la concesión de la Radio Caracas Televisión (RCTV), decana de la televisión venezolana y una de las de mayor audiencia, tras acusarla de haber conspirado en su contra durante el golpe de abril de 2002, que sacó brevemente al mandatario del poder.
En 2009, el organismo regulador del espectro radioeléctrico, Conatel, clausuró e incautó equipamiento de más de 30 radios, con motivos que se extienden desde «tecnicismos administrativos a emisiones sobre ocupantes ilegales en tiempos de déficit de viviendas», según el CPJ.
Más recientemente, a fines de junio pasado, la televisora venezolana Globovisión, crítica con el gobierno, pagó una multa de 2,16 millones de dólares por la cobertura de una crisis carcelaria en 2011 para evitar que se ejecutara un millonario embargo, que habría ocasionado la suspensión de sus transmisiones.
