Venezuela rechazó recomendaciones para mejorar el respeto de los derechos humanos, en la sesión de adopción final de los resultados del Examen Periódico Universal (EPU) de ese país celebrada este jueves en la sede de la ONU en Ginebra.
«Nuestro país solo descartó aquellas recomendaciones cuya implementación eventual hubiera sido violatoria del ordenamiento jurídico constitucional (…) o cuya fundamentación está basada en falsos supuestos, o que simplemente se encuentran tan alejadas de la realidad venezolana, que no tiene ningún sentido implementarlas», afirmó en un discurso el viceministro venezolano de Relaciones Exteriores, Temir Porras Ponceleón.
El viceministro confirmó así una respuesta por escrito transmitida previamente a la ONU y publicada este jueves, en la que se impugnan quince recomendaciones.
La primera audiencia del examen se desarrolló el pasado mes de octubre, cuando Venezuela aceptó 97 recomendaciones, denegó 38 y dejó 15 en suspenso hasta este jueves, cuando vencía el plazo para pronunciarse sobre ellas.
Venezuela no aceptó, entre otras cosas, suscribir nuevos instrumentos para proteger los derechos humanos, como le pidió Paraguay, Uruguay, Japón y Eslovaquia.
También rehusó elaborar un plan nacional de derechos humanos en consulta con la sociedad civil, como le propuso Brasil, o aplicar una política «de desarme y reforzar el sistema judicial» para reducir la impunidad.
Ni se propone invitar al país a expertos independientes sobre derechos humanos de la ONU, como le pidieron Uruguay, Reino Unido, Noruega, Brasil, Estados Unidos y Australia.
En su lista de negativas, destaca asimismo su oposición a garantizar que los casos de violencia social sean investigados, a tomar medidas para proteger la libertad de expresión y a revisar la legislación sobre la prisión preventiva.
En esta audiencia del EPU, Venezuela fue elogiada por Cuba, Uruguay, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Vietnam, China, Argelia, Irán y Siria, pero escuchó críticas de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
«Desde octubre de 2011 han ocurrido al menos 40 casos de ataques o limitaciones contra periodistas y medios incluso siete actos de agresiones físicas, y un nuevo procedimiento administrativo contra el canal 24 horas de noticias Globovisión», denunció IFEX-ALC, una red de 16 organizaciones de América Latina y el Caribe.
Las recomendaciones para la independencia del sistema judicial «fueron rechazadas» y también la solicitud de que ponga en libertad a la jueza María Lourdes Afiuni «detenida arbitrariamente», agregó un representante de Civicus, del Foro por la Vida y de Sinergia, una coalición de más de 100 organizaciones.
«Desde 2004, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha cumplido su rol de contralor de la actuación del poder ejecutivo. Ese año, los aliados del presidente Hugo Chávez en la Asamblea Nacional adoptaron una ley que permitió el copamiento político del Tribunal y que se designaran como magistrados a partidarios del gobierno», afirmó Human Rights Watch.
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