La atención política nacional se mantiene hoy sobre la audiencia final del juicio que se le hará este jueves 10 de septiembre a Leopoldo López, privado de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde, desde el 18 de febrero de 2014, hace hoy 569 días cuando se entregó, en cumplimiento una orden de captura.
El Ministerio Público lo acusó el 4 de abril de 2014, por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad privada e incendio.
La fase de su juicio se inició el 23 de junio de 2014, a cargo del Tribunal 28 de Juicio, dirigido por la jueza Susana Barreiros, a quien hoy le escuchará su veredicto conclusivo.
Un delito de opinión
Para el abogado penalista larense, Ramón Pérez Linárez, a López se le acusa por el delito de opinión, “el cual está muy coloreado de factores políticos”.
Dijo que la actual tendencia al castigo del delito de opinión es despenalizarlo, pero en Venezuela se sigue en sentido contrario a lo que pauta la ley moderna.
Por lo tanto, este juicio de López debe terminar en el mismo sentido de la política gubernamental que es una sentencia condenatoria.
Precisó que al Gobierno le resulta muy difícil abandonar esta política de represión y de penalización de los delitos de opinión, y lo sigue demostrando con más amenazas a otras personas que han opinado por diversos medios, respecto al caso del presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello.
Ahora, desde el punto de vista jurídico, todas las conductas que se castigan deben individualizarse, es decir, indicar la característica de cada conducta para otorgarle los correspondientes castigos, a objeto de aplicar el respectivo juicio y posterior condena, y eso no se ha hecho en el caso que a López se le sigue.
Insistió: “En el plano jurídico sencillamente no se concretó qué conducta hizo, qué realizó, a quién aupó, quién se sintió aupado por él para cometer el delito, cuál es la apología del delito que generó, cuál fue su incitación al orden público, y de eso no se ha especificado nada”.
Manifestó que este proceder es “propio de este Gobierno que tiene una política de opinión y castigo muy marcadamente dictatorial“.
Tiene derecho a apelación
Pérez Linárez puntualizó que de decidirse hoy la condena de Leopoldo López, está abierto el derecho de apelación ante la Corte de Apelaciones, en primera instancia, y luego en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que conocería de cualquier recurso de casación que se introduzca contra la decisión de la Sala de Apelaciones.
Expuso que si el veredicto no se ajusta a derecho sino a una orden política, se recurre a la Corte Internacional para que conozca el caso como violación de los derechos humanos y persecución política.
Sin embargo, sostuvo: “Yo creo que los abogados (defensa) deben prepararse para una apelación, yo los vi muy optimistas”.
Ellos deben agotar todos los medios y mecanismos que otorga la ley, como recurrir posteriormente a una ley de amnistía, porque al final del túnel puede verse la luz.
