La Contraloría General de Cuentas de Guatemala recomendó este jueves al presidente, Otto Pérez, renunciar al cargo para «evitar consecuencias insospechadas» ante la acusación en su contra de dirigir una banda de defraudación aduanera.
Un comunicado del ente fiscalizador pide a Pérez que «en aras de mantener la paz social en Guatemala y ante las demandas de los distintos sectores de la población, presente de manera inmediata su renuncia al cargo de presidente de la República para evitar mayores incidentes sociales, con consecuencias insospechables».
La Contraloría también autorizó a sus funcionarios a participar en una marcha contra la corrupción programada para este jueves.
El llamado de la Contraloría se suma al realizado el miércoles por la Procuraduría General de la Nación, que también recomendó al gobernante renunciar a la primera magistratura debido a las denuncias de corrupción que pesan contra él.
El presidente Pérez fue involucrado el pasado viernes con una red que cobraba sobornos en las aduanas nacionales denominada «La Línea», descubierta el 16 de abril por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU.
Según los peritajes, Pérez es uno de los líderes de la banda de defraudación aduanera junto a Roxana Baldetti, quien renunció a la vicepresidencia y guarda prisión preventiva en un cuartel militar de la capital antes de ser trasladada a una cárcel ordinaria para mujeres.
La denuncia contra Pérez fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, que el martes autorizó al Congreso a formar una comisión para analizar si le retira la inmunidad para que sea investigado penalmente. El trámite parlamentario comenzaría este jueves.
El fraude en las aduanas, junto a otros casos de corrupción, mantiene al gobierno en una crisis institucional que ya generó la salida de varios ministros del gabinete, junto al incremento de manifestaciones populares que piden la renuncia del presidente.
La crisis también aumentó la desconfianza de la población en la clase política y algunos sectores han llamado a aplazar las elecciones generales del próximo 6 de septiembre para aprobar cambios legislativos que eviten futuros casos de corrupción.
