La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, señaló que hay elementos alarmantes en el contenido del decreto 1.950 del Presidente de la República, el cual establece el Estado de excepción en cinco municipios del estado Táchira.
Señaló, por ejemplo, que si el decreto suspende el ejercicio del derecho a las reuniones públicas, esto afectaría el desarrollo de la campaña electoral.
«Una de las cosas que esta regulando es el derecho a las reuniones públicas, pero la misma Ley Orgánica de Estados de Excepción dice que bajo ninguna circunstancia se pueden suspender las garantías asociadas a la participación, el sufragio y el acceso a la función pública. Entonces, si tenemos dentro de 60 días el comienzo de una campaña electoral ¿cómo se va a hacer campaña si se suspende el ejercicio de ese derecho?», manifestó.
Vale destacar, el artículo 16 de la disposición oficial señala que el Estado de excepción se extenderá por 60 días «y podrá ser prorrogable por 60 días más».
En este sentido, «¿todos los partidos políticos van a tener que pedirle permiso al gobernador Vielma Mora (ejecutor del decreto) para hacer una marcha o una concentración?»
Incongruencias
Por otro lado, del análisis de la defensora de derechos humanos del texto oficial se infiere que desde el punto de vista de los argumentos bajo los cuales se erige, la medida no se justifica. Aunque el CDH-UCAB no ha emitido una posición todavía, Bolívar apuntó algunas incongruencias. «Entre sus considerandos el decreto tiene tres bases sustantivas con las que pretende justificarse: En primer lugar, habla de que en la zona hay actividades delictivas y violentas, sin embargo esto no es nuevo, viene ocurriendo desde hace tiempo; en segundo lugar, alegan el ataque a miembros de las FANB (en la zona fronteriza), pero no es nada comparado con lo que ha ocurrido en otras zonas del país. Hasta abril se registraron 105 funcionarios asesinados en todo el territorio nacional, de los cuales 52 eran de las FANB, pero en Táchira apenas 6», señaló la profesora. En tercer lugar, se alega «efectos graves sobre la vida económica y yo me pregunto, ¿por qué no se declara emergencia económica? Hay muchas preguntas sin respuesta».
