La medida de cierre de frontera entre Colombia y Venezuela, y el decreto de Estado de Excepción en el Táchira, no resolverán el contrabando de extracción ni limitarán acciones de la guerrilla; por lo contrario agudizarán las relaciones entre ambos países y afectarán sus economías, además tendrán incidencia en el valor del dólar paralelo con referencia en Cúcuta.
Tales interpretaciones son formuladas por el internacionalista Julio César Pineda, el politólogo Yorber Vásquez y el economista Ronald Balza Guanipa, quienes a su vez manifiestan que el problema es estructural y no puntual.
Balza sostiene que la clausura no es más que el resultado de una distorsión en el control de precios, el cual se deriva de controles fijados por el Gobierno durante varios años, no sólo en la gasolina sino también en alimentos, artículos de aseo personal y medicinas.
El economista recordó que esa situación ha permitido a quienes compran “productos baratos”, venderlos en Colombia y obtener ganancias considerables, que luego se pueden cambiar a dólares.
Subrayó que dicha actividad es realizada tanto por venezolanos como por colombianos. “El presidente culpa a los colombianos y dice que los venezolanos están alimentando a Colombia, pero se trata de un negocio en el que puede haber ciudadanos de distintas nacionalidades”.
Manifestó que en la zona fronteriza se ha generado un conjunto muy variado de negocios y no sólo el contrabando de extracción. Entre estos se halla el intercambio de bolívares por peso y la compra del billete de Bs. 100 a Bs. 140, que pueden practicarse, en algunos casos, por el crimen organizado.
Se trata por tanto de problemas que no se resuelven cerrando la frontera, sino “cerrando la brecha entre los precios”, dice.
Por su parte, Pineda agregó que “todo cierre de frontera perjudica ambos lados”. Cree que por ser medidas momentáneas es necesario aplicar disposiciones complementarias, a fin de que el comercio siga fluyendo, además de las relaciones humanas e institucionales.
Vásquez añadió por su parte que se trata de composturas sumamente costosas para ambos países. “Es justamente la frontera de mayor comunicación entre ambos lados. Un cierre de ese tipo, rompe las relaciones de trabajo de muchas personas que están allí y de intercambio, no sólo por contrabando, sino de importación”.
Advirtió que si bien ha caído la capacidad exportadora venezolana, ha aumentado el comercio de importación. Igualmente, subrayó que la situación de escasez en los estados fronterizos se ha visto agravada, por lo cual algunos venezolanos pudieran estarse abasteciendo del comercio desde Colombia.
Podría subir el paralelo
Balza advirtió que si el contrabando llegara a reducirse de esta manera, también se reduciría la demanda de bolívares, los ingresos en peso y caería el valor del peso ante el dólar: por tanto, el bolívar ante el dólar, lo que generaría un efecto de asenso en el valor del mercado cambiario paralelo.
Explicó que si bien el bolívar ha perdido valor y poder adquisitivo, es demandado en la frontera por quienes están dispuestos a contrabandear gasolina. “Si se cierra la frontera la demanda de bolívares caerá, porque no habrá necesidad de comprar bolívares. Si la demanda cae sostenidamente la oferta de bolívares seguirá aumentando”.
Apuntó que si la demanda se derrumba en la medida en que el dólar encarece, con base en el peso colombiano, empeorará el valor del dólar en el mercado paralelo venezolano.
El precio del bolívar caerá en pesos y el precio peso ante el dólar seguirá en descenso, por lo cual el bolívar también caerá frente al dólar.
Ante tal escenario, considera como medida necesaria el ajuste de los precios, que genera venta de productos “baratos” en la frontera. Recordó que Venezuela era exportadora de múltiples productos hacia Colombia, mercado que se ha trasladado hacia otras latitudes, debido, entre tantas razones, a las relaciones entre ambos países.
Sólo en Táchira
Al consultarle a Balza sobre el decreto de Estado de Excepción aplicado sólo en Táchira, refirió que este tipo de negocios también se dan en la frontera por el Zulia, de cara a la Güajira colombiana, así como en el límite con Apure, Amazonas y Bolívar, espacios también vinculados con la guerrilla, las vacunas y los secuestros.
Se trata, por tanto, de una medida arbitraria, no sólo por la no resolución de los problemas, sino por ser disposiciones que se toman de un solo lado en una frontera tan extensa. Esta situación empeora el contexto económico y de escasez en el que desde hace ciertos meses están sumergidos los tachirenses.
El internacionalista Pineda estima que lo ideal sería una negociación directa entre ambos gobiernos. Es precisó consultar a las comunidades de los municipios afectados, así como a los sectores y autoridades, a fin de diseñar un plan organizado, que no perjudique la economía regional, en el marco de las relaciones bilaterales.
“Hay tiempo para mejorar todo ese tipo de contactos y vínculos… Se trata de un problema que debe ser tratado con suma prudencia y diálogo, en especial con los sectores de la vida regional”.
Manifestó que lo prioritario es evitar errores que afecten la economía de ambos países. Subrayó que no debería ser una decisión tomada sólo desde en Caracas.
Vásquez manifestó que cada vez que se aplica un Estado de Excepción existe el temor de que haya abusos contra los derechos humanos.
¿Es vías para la paz?
Sobre si las medidas tomadas hasta ahora permitirían recuperar la paz y tranquilidad en la frontera, como ha referido el presiente venezolano, Pineda subrayó que a fin de que eso ocurra se precisa de políticas más exigentes y globales.
Describió las decisiones del Gobierno como “coyunturales”, puesto que debe trabajarse a nivel estructural, mejorar la oferta venezolana de productos y ocuparse conjuntamente con Colombia, dentro del respecto de los derechos humanos y la democracia.
Las realidades han cambiado
Respecto a las declaraciones de Maduro, quien afirmó que los colombianos que ingresaban al país eran “un pueblo que viene casi sin educación, sin medio en el bolsillo”, Pineda apuntó que existe una “distorsión” en este punto de vista.
“Antiguamente nosotros íbamos a Colombia a comprar, porque la moneda era muy fuerte, pero ahora es al revés y eso pasa en todas las fronteras del mundo. Lo importante es desarrollar medidas de desarrollo regional en frontera, para fortalecer la economía y ser más competitivos frente a Colombia”.
Considera que cuando dos economías son asimétricas, las personas buscan ventajas donde estén presentes.
En campaña electoral
De cara a las elecciones parlamentarias, el internacionalista Julio César Pineda manifestó que una medida como esa puede afectar la imagen de quien las ejecuta siempre que sea inconsulta con la población venezolana, con los sectores regionales, y municipios. De lo contrario la favorece, a menos que se pretendan politizar las decisiones.
En relación a la reunión entre las cancilleres, fijada para el 14 de septiembre, y la toma de medidas sin esperar hasta la fecha acordada, dice que espera que se haya dado una consulta previa entre las representantes de la diplomacia.
Sobre si estas medidas podrían generar un ambiente que suspenda las elecciones parlamentarias, el politólogo apuntó que el estado de excepción no impediría la celebración de elecciones. No obstante, generaría un cambio en el ambiente.
“El ambiente electoral de este año será muy complicado, debido a los problemas de escasez, inflación, inseguridad, criminalización de la oposición… Todo lo que venga de ahora en adelante, afecta el ambiente electoral, mas no implica una suspensión legítima de estas”.
Duplicidad de cargos
Sobre el nombramiento de Vielma Mora como Jefe Especial de Zona Fronteriza, apuntó que se trata de una multiplicidad de autoridades definidas por la ley. “Esto nos muestra que si el gobernador habría sido opositor, igualmente hubiesen nombrado a esta autoridad, que pasaría por encima del gobernador. Este recibiría las órdenes directamente del presidente de la república».
Calificó dicho nombramiento como una duplicidad de cargos. En el caso de que el gobernador no fuese oficialistas, se trataría entonces de una “sobreposición de cargos”, con lo que “quedaría el gobernador desautorizado”.
También podría interpretarse como “un civil coordinando labores militares”.
