La literatura especializada en el ámbito empresarial registra un área dedicada al tema de los costos y sus implicaciones. Contabilidad de Costos para Toma de Decisiones, es un título usual en textos y actividades promovidos para capacitarse en gestión de organizaciones.
Las referencias no son exclusivas de la Administración ni de la Contaduría. Desde hace tiempo y con antelación, el mundo de la Economía incorporaba visiones atinentes al costo social y al costo de oportunidad. Al igual que el renacimiento de la ecología, hace surgir la preocupación por los costos ambientales. Toda decisión implícita o explícitamente, incorpora un costo político.
En política, tal cuestión remite al juego de poder y los intereses que se entretejen en las relaciones que los actores sociales involucrados establecen, dentro de la dinámica histórica donde se desenvuelven y la cual contribuyen a moldear. En gran medida, la manera cómo se asume el costo político condiciona la gobernabilidad o buena gestión y, lo que es mucho más importante, la sustentabilidad, en tanto se trate del gobierno (y, particularmente, al partido o coalición que lo ejerza); las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
El caso de Grecia, efectivamente es revelador de que el gobierno debe asumir el costo político de las medidas económicas; la pesadilla helena o tragedia griega como ha sido calificada pone en tela de juicio la responsabilidad de sus gobernantes y condena mediante el voto la permanencia en el poder. En los actuales momentos, el acuerdo o negociación alcanzado para tratar de enfrentar la crisis, puso en jaque al propio futuro de la Unión Europea, dada la situación coyuntural por la cual atraviesa y que pone en peligro el proyecto de integración.
En una latitud más cercana, no puede obviarse que Brasil también enfrenta una crisis política cuya magnitud no descarta en el análisis la posibilidad de un juicio que conduzca a la defenestración de la actual presidenta, Dilma Rousseff, obligada como está a proponer un programa de ajuste o medidas económicas a un costo social que igualmente puede proyectarse. El compromiso de cancelar intereses de una deuda que ronda el 45% del PIB, es un dato que se agrega a la precaria legitimidad que deriva del costo político que debe asumir.
En lo que respecta al país, la preeminencia del costo político al momento de las decisiones gubernamentales, en muchos casos ha estado sujeta a la cadena de procesos electorales en curso. Voces críticas dentro del proyecto revolucionario, mucho antes del deterioro de los precios petroleros lo advertían: “Se ha buscado minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias por cada decisión que se toma, calculadas en términos de popularidad, elecciones ganadas, porcentaje de votos con los que se triunfa, etc. Por lo tanto, en un año electoral, el Gobierno adoptará las medidas en materia cambiaria, a la luz del costo-beneficio político, más que por rigurosas consideraciones de teoría o política económica”. (V. Alvarez, dixit.).
Ahora, en el contexto actual: “El costo de la estabilidad política relativa ha sido la pérdida de perspectivas de una transformación revolucionaria de la sociedad venezolana. Se olvidaron los análisis sobre la estructura dependiente de nuestra industria. Se pide y pide prestado a los nuevos “panas” chinos y rusos, sin advertir que son banqueros igual. Ya nada remite a una transformación estructural. Todo es en función de mantenerse. Y en la historia eso es señal de estancamiento y próximo derrumbe”. (J. Puerta). No hay golpe de timón. Es la metáfora del Titanic.
