El Movimiento Venezolano por el Derecho a la Información Pública, Coalición Pro Acceso, vigilará el cumplimiento de las recomendaciones que realizó la Organización de Naciones Unidas (ONU) al Estado venezolano en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y Derechos Civiles y Políticos, tras ser evaluado en Ginebra el pasado mes de junio.
Así lo ratificaron los miembros de Pro Acceso, Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria (Acsol); Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela (TV), Gregorio Riera, coordinador del programa de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) y Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, durante el conversatorio Acceso a la Información Pública:
Retos que impone Naciones Unidas, que se realizó este miércoles en las instalaciones de Impact Hub Club, en Bello Campo.
Durante su ponencia, Reyna destacó algunas de las recomendaciones de la ONU realizadas al país en cuanto a independencia del Poder Judicial, el papel de la Defensoría del Pueblo, aporte de datos estadísticos y su preocupación por la falta de medidas eficaces para atender a grupos desfavorecidos de mujeres indígenas y afrodescendientes. “A los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas le preocupa entre otras cosas, el acceso a la información, la libertad de expresión, rendición de cuentas y transparencia”.
Por su parte, Riera enfatizó que en el informe alternativo sobre la aplicación del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos que presentó Transparencia Venezuela ante la ONU, se analizaron 475 normativas que muestran restricciones lega- les al derecho a la información pública. “Entre las informaciones restringidas por el Estado destacan los boletines epidemiológicos, principales indicadores económicos, estadísticas de criminalidad e irregularidades en la importación y producción de medicamentos y productos farmacéuticos”, dijo.
En tal sentido, De Freitas recordó la demanda interpuesta por TV contra del presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) en el mes de julio y declarada inadmisible por el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 4 de agosto, debido al incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas y por la opacidad generada por la no publicación de las principales estadísticas económicas del país, tema que además dijo, ocupó el primer lugar del Top 10 de la opacidad realizado por la ONG.
“Lo que sucedió en Ginebra muestra gran avance en Derechos Humanos y la posibilidad real que tenemos de ponerle alto a los abusos que se cometen desde el Estado”, aseguró.
Finalmente Correa, de Espacio Público, manifestó que las Organizaciones No Gubernamentales que forman parte de la Coalición Pro Acceso están “luchando” para obtener respuesta oficial porque “estamos en un país sin cifras y con mucha opacidad”.
