Una de las características de la élite que durante estos más de 3 lustros ha conducido al país, es que en lugar de corregir las debilidades o fallas del modelo económico paternalista, dependiente del rentismo petrolero, ya agotado hacia finales de los años 90 del siglo pasado y quizá antes, las profundizó y agudizó hasta el paroxismo.
A la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, correspondió lamentablemente la creación de una “ilusión de armonía”, Piñango y Naím dixit, a través de un gasto público que se evaporó en asistencialismo clientelar, en un aumento del consumo y la importación, y también de la corrupción cambiaria y el retroceso de la inversión y creación de capital.
El caótico cuadro que vivimos en la actualidad, de escasez creciente a todo nivel, de inflación enrumbada a niveles hiperinflacionarios cuando en el resto del planeta esto es una rareza exótica, y de controles y destrucción del tejido empresarial privado por parte del gobierno, es obra y gracia de una “revolución” que se resiste a aceptar su fracaso, y se empeña no sólo en aferrarse autoritariamente al poder, sino en arrastrar a toda una nación al abismo de una crisis económica, fiscal, social, sanitaria de proporciones mayores a la actual.
La boliburguesía, con sus diversas vertientes en lo civil, empresarial, alto gobierno y mundo militar, dedicó sus esfuerzos al control político, a la sujeción absoluta de los poderes públicos al arbitrio de la amalgama Estado-gobierno-partido oficial, debilitando así el funcionamiento del tejido institucional, la justicia, la vigilancia, los contrapesos al poder y sobre todo, el cumplimiento de la Ley.
La caída de los precios del petróleo no es la única causante de la actual caída de los ingresos fiscales; es más bien una cíclica coyuntura que deja en evidencia un irresponsable y delirante manejo de la economía, en la cual lo único que parece prevalecer es la imprevisión, la improvisación, la inercia y ausencia absoluta de decisiones y correctivos a las distorsiones que el venezolano está padeciendo.
La configuración de un “Estado malandro”, en el cual la violencia es tolerada y alentada, las mafias, la comisión o mordida están por encima de la norma, y que supone, pese a la alharaca “socialista”, la privatización de facto de buena parte del funcionamiento de la administración pública, trámites, permisos, licencias, obras y entrega de divisas, plantea así una tenue frontera entre quienes son, en teoría, los garantes de la Ley, y aquellos dedicados a violarla cada día. Este cuadro tiene su correlato ético, en el deterioro de la noción de trabajo, el estudio y el esfuerzo como mecanismos lógicos y deseables para la superación y progreso personal y social.
De allí, que el cambio que la mayoría del país reclama no pasa sólo por el cambio en la correlación de fuerzas políticas, o la aplicación de un programa de urgente recuperación económica, El cambio pasa por rescatar la autoridad perdida del Estado, del gobierno, del funcionario público, la imparcialidad de la justicia. Rescatar el sentido de la Ley. Como decían nuestros abuelos, “volver al carril”.
@alexeiguerra
