El Gobierno de Bolivia dijo el viernes que inició un juicio por racismo contra tres importantes medios locales, entre ellos la agencia católica de noticias ANF, optando por la vía ordinaria en vez de un tribunal especial de imprenta.
La demanda, que afecta también al conservador El Diario, decano de la prensa boliviana, y al recién creado matutino Página Siete, reavivó tensiones entre el Gobierno del indígena Evo Morales y vastos sectores de la prensa local que denunciaron al proceso como un ataque a la libertad de expresión.
En la demanda presentada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el Gobierno arguyó que los tres medios tergiversaron un discurso de Morales en el que éste comparó la capacidad productiva del oriente amazónico y el occidente andino del país.
«Evo dice que si se hambrea en oriente es por flojera», «Evo acusa de flojos a los habitantes del oriente», «Morales opina que el oriental es flojo», titularon los tres medios sus reportes de la semana pasada sobre un discurso de Morales ante una concentración campesina a la que asistió junto con un ejecutivo del Banco Mundial.
«Esas publicaciones son un delito de orden público, por lo que no corresponde que (el caso) sea procesado por el tribunal de imprenta», dijo el viceministro de Coordinación, Javier Baldivieso, al anunciar en conferencia de prensa que la demanda fue presentada el 21 de agosto.
Afirmó que el Gobierno veía en esos titulares el delito de «incitación al racismo», incorporado hace dos años por Morales al código penal, y el supuesto propósito de «una confrontación entre el oriente y el occidente».
El izquierdista Morales, actualmente en su séptimo año de mandato, ha chocado muchas veces con los medios locales, a los que suele acusar de conformar el mayor frente de oposición política, pero ésta es la primera vez que su Gobierno pasa de la confrontación a un juicio.
En su polémico discurso, Morales dijo que a diferencia del occidente andino donde la topografía y el clima frío dificultan la producción de alimentos, «en el oriente sólo por flojos podemos hambrear».
La oposición conservadora y organizaciones de periodistas se alienaron en defensa de la Agencia de Noticias Fides (ANF)y de su nonagenario director, el sacerdote jesuita José Gramunt.
Gramunt dijo en una columna de opinión, antes de confirmarse la demanda, que la causa de la polémica estaba en «la imprecisión de las palabras del mandatario, (que) se prestan a cualquier versión».
«Lo que el gobierno se propone ahora llevar a cabo, tal como en varios episodios de la mitología griega, es matar al mensajero (…) Es una lástima que el gobierno quiera repetir los mismos errores que los regímenes dictatoriales», añadió.
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