Hace unos días fue encontrada una cabeza en la plaza de Pariaguán, en Anzoátegui. Eso pudo ser el resultado de un enfrentamiento entre bandas o un linchamiento realizado por alguna comunidad harta de delincuentes o una ejecución extrajudicial. En todo caso, estas cosas comienzan a ser comunes: exhibir la cabeza es una advertencia de que eso mismo puede pasarle a quien siga con la guachafita. En todo caso esto ocurre en un país donde el Estado no tiene el poder suficiente para controlar el delito.
Venezuela está dejando de ser un país y una nación para convertirse en un aglomerado de gente próximos al llamado “estado de naturaleza”, un término que acuñó Thomas Hobbes en el siglo XVI para explicar la necesidad de los ciudadanos de aceptar un poder que ponga orden entre y sobre ellos para garantizar unas condiciones mínimas de vida evitando que vivan en un estado de violencia permanente, un todos contra todos.
Esta condición ya existe en Venezuela. El Estado, esa organización compleja conformada por muchas instituciones sociales, políticas, económicas, y que deben funcionar para beneficio colectivo,está dejando de existir, de modo tal que resulta imposible regular la vida civilizada y los ciudadanos tienden a resolverlas controversias fuera de la legalidad.
El Estado ha sido tomado por una banda de malandros que se comportan como tropas de un país invasor y cuyo objetivo básico es apropiarse de sus riquezas, no para beneficio de todos los ciudadanos sino de los miembros de la banda. El socialismo del siglo 21 ha resultado ser la piratería del siglo 21. Son piratas en el doble sentido de la palabra: por la propensión al asalto de la cosa pública, como por la incompetencia que muestran en la conducción de los asuntos públicos.
Conducir un Estado moderno requiere de muchas habilidades, de mucha prudencia, sabiduría, conocimientos básicos de técnicas de buen gobierno y de ética política que, evidentemente, están ausentes en quienes nos dirigen. Venezuela es hoy un estado fallido: no puede asegurar sus fronteras, la producción de bienes, la administración de justicia ni la seguridad de sus ciudadanos y mientras esto ocurre, los jefes de la banda “Los Gobernantes” tratan de ocultar la realidad con discursos cada vezmenos creíbles.
Todo indica que el desplome está próximo, pero no sabemos cuándo, cómo, a qué costo y ni siquiera si habrá derramamiento de sangre. Preferimos suponer que todo se resolverá de un modo pacífico y electoral, pero nadie puede asegurarlo. La misma condición de malandros puede llevar a “Los Gobernantes” a utilizar cualquier artimaña para no perder el negocio. Las inhabilitaciones de María Corina y Enzo Scarano son un ejemplo de ello.
