El abogado defensor de la capitana Laided Salazar, condenada como colaboradora de un supuesto complot para dar un golpe de Estado, solicitó al defensor del Pueblo que intervenga para lograr el traslado de la exoficial desde la cárcel de Uribana a Ramo Verde.
Carlos Javier Salazar denunció que durante su permanencia en la cárcel larense viene siendo sometida a tortura física y psicológica, estancia que además es ilegal pues no fue ordenada por ningún tribunal.
«He denunciado en tres oportunidades al tribunal de la causa la situación de mi representada quien fue trasladada en primer lugar del Centro Nacional de Procesados Militares, ubicado en Ramo Verde, al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y posteriormente al Fenix-Uribana, sin conocimiento del Tribunal y sin orden judicial», explicó el abogado en un escrito consignado en el despacho de Tarek William Saab.
Además afirmó que en los dos últimos establecimientos penitenciarios ha sido confinada en «recintos para procesados comunes bajo condiciones severas de aislamiento (supuestamente por medidas de seguridad), exclusión de actividades, restricciones en las visitas de sus familiares, prohibición de la visita de su hijo, falta de exposición al Sol, restricciones incluso para comunicarse libremente con sus abogados de confianza, prohibición de ingreso de libros, fotos, cartas… todo lo cual está afectando su salud física y psicológica», indicó.
Salazar, quien además es hermano de la ex oficial de la Fuerza Aérea, explicó que actualmente ésta se encuentra «visiblemente baja de peso, con infecciones en los dedos (manos y pies) y otras partes del cuerpo, debido a las pésimas condiciones de reclusión que ofrece un recinto aún en construcción y la falta de agua potable que existe en la cárcel fénix de Uribana», dijo.
La única mujer
Vale recordar, Salazar es la única mujer entre el grupo de nueve oficiales de la Aviación que fueron condenados a penas que oscilan en los 8 años de prisión, por su supuesta responsabilidad en una presunta «conspiración» para dar un golpe de Estado al presidente Nicolás Maduro, que fue denominada por el gobierno como el Golpe Azul o la Operación Jericó.
Según la sentencia, Salazar habría sido el enlace entre los supuestos conspiradores y «estudiantes universitarios», con el fin de desestabilizar el país en marzo de 2014.
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