Los jefes de los recintos penales, conocidos como pranes, son quienes tienen el verdadero control del sistema penitenciario venezolano, no el Estado.
Así lo afirmó Henri Falcón, gobernador del estado Lara, durante un encuentro con los medios de comunicación que tuvo lugar ayer en la sede del gobierno regional.
En este sentido, Falcón citó al coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, quien informó que se han producido casi 600 homicidios en las cárceles del país desde que se iniciara la gestión de Iris Valera como ministra de Servicios Penitenciarios.
“Tanto el gobierno nacional como regional saben que en las cárceles se hacen grandes negocios y se ejerce un exhaustivo control de la actividades delictivas en las calles, desde el interior de los recintos penales”, señaló.
Según el gobernador, armas, drogas, alimentos y hasta las visitas a los reclusos están sujetas a tratos altamente rentables efectuados, al parecer, entre funcionarios civiles y militares, y los pranes.
En el caso particular del estado Lara, Falcón indicó que se percibe con preocupación cómo al gobierno regional se le impide trasladar, al centro penitenciario de Uribana, a los 550 detenidos que actualmente están en calidad de depósito en los calabozos de la Policía del estado Lara, a la orden de los tribunales o el Ministerio Público.
“Esos calabozos están hechos para albergar a 80 personas, pero en ellos hoy se mantienen detenidas a 550”, resaltó.
El líder del gobierno nacional expresó que Polilara está atada de manos, preguntándose “¿Cómo puede enfrentarse al crimen si no hay dónde meter a los detenidos?”.
Destacó el hecho de que el pasado miércoles se instruyera y autorizara el ingreso de 14 detenidos desde Polilara a Uribana, traslado que fue autorizado por uno de los pranes del mencionado recinto carcelario, como producto de una negociación.
“Lo que no puede hacer un gobernador regional, el pran de una cárcel sí lo logra
con el apoyo del gobierno nacional”, comentó Falcón.
Para el gobernador, parte de la solución al problema carcelario radica en que el Estado reconozca la autoridad legítima de cada líder estadal, así como en la vía democrática del voto.
Foto: Simón Alberto Orellana
