Un polémico y extenso debate por más de tres horas se desarrolló durante la mañana de ayer en la sala de sesiones del Consejo Legislativo donde, a pesar de los otros puntos a discutir en la agenda, prevaleció la presentación del informe final de la comisión especial mixta encargada de investigar el uso de la dotación de insumos médicos que recibe la dirección sectorial de salud de Lara por parte del Ejecutivo Nacional.
Tras cuatro meses, luego de haber sido solicitada una moción de urgencia por el vicepresidente del CLEL y presidente de esa comisión, Johnny Colmenárez, se inició el proceso de investigación.
“Se ha querido desvirtuar el informe el día de hoy a pesar de las pruebas de diversa índole contra el director de Salud, Ruy Medina, ante evidencias como por ejemplo el hallazgo de más de 8.000 glucómetros; hemos conseguido fallas en la gerencia administrativa, desorden en los procesos de distribución de medicinas. El mismo Medina ha dicho que tiene medicinas vencidas de varios años”, argumentó.
El informe contempla igualmente la recomendación de destitución del doctor Francisco Rojas, director del Hospital Central de Barquisimeto desde hace algunos meses, pues aparentemente se solicitan a los pacientes materiales con los cuales cuenta el centro de salud.
Tal como lo refleja la Constitución de Lara, se requiere de dos terceras partes para que sea de estricto cumplimiento la destitución de un funcionario, no obstante, el informe fue aprobado con 8 votos oficialistas en la plenaria.
La diputada de la bancada opositora Sagrario Pérez calificó de “insólito” que no se le invitara a comparecer a los mencionados funcionarios ante el Consejo Legislativo, luego de ser suspendida la interpelación el pasado 20 de mayo, como la Constitución lo refleja al establecer derecho a la defensa.
No justifica errores administrativos en un informe con relevancia, considerando se trata de la salud, pues señala que de haber irregularidades deben ser detectadas pero con total seriedad, apartando las intenciones políticas que a su juicio privan en el contexto de la investigación. Desmintió totalmente haber plasmado su firma en el informe.
“Mandaron 18 mil glucómetros del Ministerio de Salud y la base de datos de diabéticos que maneja la dirección regional es de 8.000, lo cual quiere decir que el dinero se pierde por falta de responsabilidad del Ejecutivo nacional ya que tampoco se cumplió con el protocolo para la entrega como está establecido”, exclamó Pérez.
Por su parte, el miembro de la comisión de salud parlamentario Roberto Sánchez, expresó que la responsabilidad en todo caso es compartida por las instancias de gobierno, “todos saben que del Ministerio de salud mandan medicamentos que no se necesitan y en una cantidad que no encaja con lo necesario. Hay medicinas vencidas del gobierno de Luis Reyes Reyes en Lara y antes no se denunció y si hubo robo de insumos que se investigue, pero con seriedad”.
El informe será remitido al Ministerio Público que seguirá el curso del caso.
Por otra parte, se aprobaron los informes 058 y 059 de la comisión de finanzas para la Fundasalud y Dirección de salud, referidos a gastos y pagos de incremento del salario mínimo.
De igual modo, se aprobó con 8 votos el informe de la comisión especial que investiga los relacionado con la situación del Pozo 9-B de Palavecino, sobre los supuestos hechos vandálicos contra Hidrolara.
