La calle es espectador del clamor social y la defensa de los Derechos Humanos, y tuvo como protagonista este miércoles a los adultos mayores del estado, quienes marcharon en exigencia de su incorporación al sistema de pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Sostienen que regímenes burocráticos e indiferencia del Estado son las principales causas de no gozar de este beneficio de Ley.
La actividad fue convocada el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad y la Red de Educadores con su Gente por la negativa del IVSS en publicar los listados de los nuevos pensionados, retrasos en la adjudicaciones de las pensiones de la Gran Misión Amor Mayor, rechazo a los trabajadores solicitantes de pensión y en exigencia del Decreto de pago de bonos de salud y recreación que fue anunciado por el Ejecutivo Nacional el 23 de febrero de 2014.
En Lara se estima que 80 mil personas fueron excluidas de la Gran Misión en Amor Mayor, así lo informó Edgar Silva, coordinador del citado comité, quien denunció que el gobierno promueve promesas de pensión con el registro a una página del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“Tenemos muchas pruebas donde personas deben acceder a la página hogaresdelapatria.psuv.ve y las engañan con un registro indirecto al partido de gobierno. Esto es lamentable porque tiene que ser un sistema de seguridad social que les otorgue la pensión a los venezolanos, sea o no cotizada. Aquí en Lara se inscribieron 97 mil personas en la Misión en Amor Mayor y solamente fueron beneficiados 15 mil. Hay 80 mil excluidos”, apuntó.
Asimismo, rechazó las trabas burocráticas del IVSS con los trabajadores públicos, cuyas empresas estatales son las principales deudoras de este derecho. “Los retrasos generan daños en el patrimonio del beneficiado, porque cada mes que pasa pierden un salario mínimo. Este gobierno que dice ser obrerista vulnera los derechos laborales”, recalcó.
Por su parte, el profesor Frank Andrade de la Red de Educadores con su Gente, acotó que en el sector educación existen demoras en el pago de las prestaciones sociales tras la jubilación del docente. Asimismo, reclamó por derechos como vivienda y la celeridad de las conversaciones de la Convención Colectiva.
Los protestantes partieron desde la plaza Altagracia, luego pasaron por el Consejo Legislativo y llegaron a la Defensoría del Pueblo. En ambos organismos solicitaron la intervención sus facultades para solventar los problemas denunciados.
