A través de un comunicado público, la comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, condenó la violación de derechos humanos que se viene presentando con los presos políticos venezolanos.
Indican que en el ámbito de su competencia, ven con preocupación el traslado del ex alcalde Daniel Ceballos al «Centro de reclusión para procesados judiciales – 26 de –julio», ubicado en San Juan de los Morros, aproximadamente a 150 kilómetros de Caracas, durante la madrugada del 23 de mayo».
«El sorpresivo traslado en condiciones humillantes, se hizo sin informarles a sus familiares ni abogados, y pone en grave e inminente peligro al ex alcalde Ceballos, quien se encontraba detenido en el centro de procesados militares, en Ramo Verde, desde hace más de un año», indican.
Los altos prelados asimismo expresan que el ex alcalde Ceballos, así como el dirigente político Leopoldo López, según han informado sus familiares, se mantienen en huelga de hambre desde finales de mayo; esto ha generado deterioro en la salud física, aunado a las condiciones infrahumanas, ponen en riesgo su vida e integridad personal.
«Tal como lo ha recomendado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exhortamos con carácter de urgencia a las autoridades venezolanas para que todos los detenidos por razones políticas y en especial el ex alcalde Daniel Ceballos, quien está en precario estado de salud, tenga acceso a atención con un médico de su confianza y puedan reunirse con sus abogados y familiares», puntualizan.
Igualmente solicitan que se permita la visita de organismos de carácter humanitario, entre ellos la Cruz Roja Internacional y esta comisión de Justicia y Paz de la CEV, a quienes se encuentran en esta situación.
«El derecho humano a la vida y la salud prela ante cualquier posición ideológica y el Estado está obligado a respetarlo y garantizarlo», sentencian.
Finalmente explican que entre los objetivos específicos de estas visitas humanitarias están: «Constatar el estado de reclusión de las personas detenidas, recibir directamente sus inquietudes y comentarios al respecto y observar de manera independiente el cumplimiento de las condiciones de detención que estas personas tienen siguiendo los estándares de derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y en la normativa internacional vinculante para la República en esta materia».
