La justicia interrogará a Joseph Blatter, reelegido el sábado presidente de la FIFA para un quinto mandato, «si hace falta en el futuro», indicó el domingo un portavoz del fiscal federal suizo, tras el escándalo de corrupción dentro de la FIFA que estalló el miércoles.
La semana de la reelección de «Sepp» Blatter para la FIFA fue más que agitada, con el escándalo de corrupción que salpicó a la instancia suprema del fútbol mundial como telón de fondo.
La justicia suiza procedió al arresto de siete altos responsables de la FIFA el miércoles en un hotel de Zúrich, dos días antes del congreso, a petición de la justicia estadounidense.
Según el diario británico The Sunday Times, Blatter debería ser interrogado por la justicia suiza junto con otros nueve altos cargos de la FIFA en el marco de otra investigación penal, abierta por la justicia suiza, relativa a la atribución de los Mundiales de Fútbol de 2018 y 2022.
Preguntado por la AFP, un portavoz del Ministerio Público de la Confederación (la fiscalía), André Marty, señaló que «el presidente de la FIFA no será interrogado en este momento» de la investigación.
«Si hace falta será interrogado en el futuro», agregó.
Los siete responsables de la FIFA detenidos el miércoles en Zúrich están arrestados «en diferentes establecimientos en el cantón de Zúrich», indicó el domingo a la AFP un portavoz de la Oficina Federal de la Justicia, Folco Galli.
Ellos «no tienen contacto entre sí» por el riesgo de colusión, agregó, precisando que los siete se oponen a ser extraditados.
«Hemos pedido a las autoridades estadounidenses que nos hagan llegar las solicitudes formales de extradición», dijo.
Según el procedimiento, las autoridades suizas deben recibir estas solicitudes en los 40 días siguientes al arresto, es decir, de aquí «al 3 de julio», explicó Galli.
Si Suiza acepta las solicitudes de extradición, las personas implicadas podrán interponer un recurso a través del tribunal penal federal.
Si esta institución agota todos los medios del derecho, el procedimiento puede durar unos seis meses, según el ministerio de Justicia.
