La Corte Suprema de justicia colombiana condenó a los responsables de los servicios secretos de ese país durante el gobierno de Álvaro Uribe por el espionaje contra periodistas, activistas, jueces y políticos opositores.
La exdirectora de la policía secreta, María del Pilar Hurtado fue sentenciada a 14 años de cárcel y a ocho el ex secretario de la Presidencia Bernardo Moreno, por utilizar los servicios secretos contra opositores políticos y jueces.
Un trabajo que se hizo «con la aquiescencia de Álvaro Uribe», según el magistrado ponente Fernando Castro.
La Corte anunció que enviará copias de la sentencia a la fiscalía para que se investigue al propio Uribe y a varios de sus hombres de confianza, entre ellos el senador José Obdulio Gaviria, quien fue asesor personal del ex mandatario.
Durante casi tres horas, el magistrado Fernando Castro detalló las actividades de espionaje que estuvieron centradas en los jueces de la corte y destacados políticos opositores como la ex senadora Piedad Córdoba o el actual alcalde de Bogotá Gustavo Petro.
Sobre Córdoba la sentencia señala que se intervino su teléfono y correo electrónico para obtener información de las liberaciones de secuestrados y por sus supuestos vínculos con la guerrilla y los gobiernos de Venezuela y Cuba. Además, señala, que existía interés del Gobierno por conocer quien pagaba los constantes viajes de Córdoba a Venezuela, país considerado «hostil» en ese momento, señaló el fallo.
Para la Corte quedó probado que tanto Hurtado como Moreno ordenaron esas actividades sin tener sustento legal para efectuarlas y con el ánimo de satisfacer las necesidades que llegaban desde la casa presidencial.
Al conocerse la sentencia, Uribe señaló que se ha condenado a personas «honorables» por cumplir su deber.
Por su parte, el senador opositor Iván Cepeda acusó directamente a Uribe de ordenar el espionaje y pidió que se juzgue al ex presidente por haber mediado en el asilo de Hurtado en Panamá durante cuatro años.
Desde que en 2009 la revista Semana reveló las conocidas como «chuzadas» sobre interceptaciones y seguimientos ilegales a opositores, la Fiscalía inició una compleja investigación que ha llevado a prisión a una treintena de exdetectives del DAS, institución que dependía de la Presidencia y que fue cerrada en octubre de 2011 por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos debido al escándalo.
