Marcos Tarre, analista de seguridad ciudadana, se pronunció sobre el tema de las Zonas de Paz en Venezuela, caso del estado Miranda, donde contradictoriamente el domingo se consumó una masacre que dejó nueve muertos en un conjunto residencial de la Misión Vivienda, en Ocumare del Tuy, de esa localidad.
Recordó que dede hace tiempo diversas instancias del Ejecutivo nacional han buscado a través del diálogo negociar algún tipo de arreglo con bandas delictivas para bajar el índice de criminalidad en el país, labor que comenzó en el 2013 el Viceministerio de Seguridad con los hechos de las cárceles Tocorón y Tocuyito, entre otras.
Posteriormente, con la presidencia de Nicolás Maduro, dicho esquema se trasladó a lugares poblados, en cuya intención el Gobierno buscó llegar a acuerdos con organizaciones delictivas para que entregaran sus armas, sin conocerse resultados positivos. Señaló que una razón de este aparente fracaso es “porque fundamentalmente el Gobierno es un actor claro, no así la contraparte, es decir, las bandas hamponiles carecen de una organización piramidal con jefaturas visibles, algunas se hacen y se desintegran por sí mismas con rapidez, y además en este tema no hay un interlocutor formal con el cual se pueda llegar a acuerdos.
Deploró la poca información ofrecida por el Gobierno en el manejo de las Zonas de Paz y la existencia de conocimiento al respecto por parte de la gente. Lamentó que tampoco se les ofreció importantes atractivos a aquellos que decidieron entregar un arma o el cambio de su estilo de vida para desarticular la violencia.
“Lo que sí se sabe es de una célebre reunión que fue narrada por una periodista de radio que asistió y describió cómo los delincuentes llegaban armados a reunirse con el viceministro, sus escoltas y guardaespaldas”, afirmó.
Politizan la seguridad
Recordó que en el 2006 se creó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), cuyas recomendaciones para mejorar las policías del país fueron engavetadas un año después por el ahora diputado Pedro Carreño, ex ministro del Ministerio para Relaciones Interiores y Justicia, argumentando que las mismas no se adecuaban al modelo de policía socialista que se quería.
Luego, Tareck El Aissami, ex ministro de la misma cartera que ocupó Carreño tomó algunas sugerencias de la Conarepol, entre estas la creación de la Policía Nacional y de la Universidad Experimental de la Seguridad.
En las elecciones de 2012, el Gobierno de Chávez crea A Toda Vida Venezuela, que desde el punto de vista académico y teórico fue un excelente trabajo bien logrado.
Pero pasadas las elecciones Nicolás Maduro tomó una serie de medidas contrarias al planteado en el marco teórico de esta misión sobre la desmilitarización de la seguridad, designando en el Ministerio de Interior y Justicia al general activo Miguel Rodríguez Torres, y este lo primero que hizo fue sacar militares a la calle.
Zonas de Paz
Tarre expuso que las Zonas de Paz y las posteriores negociaciones con delincuentes iniciaron con el llamado gobierno de calle del presidente Maduro, durante reuniones de vecinos en diversas comunidades, donde todos le reclamaron el tema de la inseguridad.
Pese a todos los planes de seguridad no baja el número de homicidios: 14 mil crímenes se registraron entre los años 2013 y 2014.
